Maltrato animal en Burgos

Se les acusa de estafa, maltrato animal, intrusismo laboral y falsificación de documentos

FuenteEuropa Press

La Guardia Civil, dentro de la Operación ‘Chenilbur’, investiga a tres personas, un criador de perros, su colaboradora, y un veterinario como presuntos autores de los delitos de estafa, intrusismo profesional, falsedad documental y maltrato de animales por la venta de una perra raza boxer que se encontraba desnutrida, débil y con parásitos y a la que habían colocado un microchip que no había sido dado de alta.

Los tres investigados son D.O.U, de 28 años; Z.M.S, de 23 y J.A.M.S, de 49 edad.

El pasado mes de agosto la Guardia Civil de Burgos tuvo conocimiento de una posible estafa, según una denuncia de una persona perjudicada de Navarra, relacionada con la compra de una hembra de boxer en un criadero asentado en la comarca Odra- Pisuerga de la provincia burgalesa.

Estas instalaciones y su responsable estaban siendo investigados por la Guardia Civil desde meses atrás, y fue en el mes de julio cuando agentes de la Benemérita llevaron a cabo la fase de explotación de la Operación ‘Chenilbur’.

La investigación, a raíz de la denuncia presentada por el adquiriente de una cachorra de raza boxer, pusieron en aviso a los guardias civiles conociendo que la venta del animal podría ser una estafa.

Según el informe de un veterinario particular al que fue llevado el animal, la perra presentaba una extrema delgadez, se encontraba muy débil y claramente desnutrida y portaba garrapatas y pulgas; además carecía de pasaporte canino de identificación.

El ejemplar portaba el preceptivo microchip si bien, en el momento de la compra, no había sido dado de alta aún en la base de datos de identificación de animales de compañía que existe en Castilla y León.

Las pesquisas practicadas han permitido conocer que fue comunicado posteriormente, por un veterinario en connivencia con el criador, quien supuestamente realiza fraudulentamente el implante del microchip, tras lo que facilita más tarde los datos para el alta de los perros, alterando datos esenciales en el registro como el titular y la fecha del implante.

Al criador y la colaboradora se les considera presuntos autores de un delito de estafa, y al primero también de intrusismo profesional y maltrato animal; al veterinario de un delito de falsedad documental.

Las diligencias instruidas han sido presentadas en el Juzgado de Instrucción Nº 5 de Navarra.

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