La Fiscalía General del Estado asegura que España está mejor que Europa en violencia de género

Pilar Martín Nájera, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de este órgano, subraya en la Jornada Violencia de Género Digital celebrada en la Universidad Isabel I, que otros países europeos “están copiando” el sistema de pulseras nacional

FuenteUniversidad Isabel I
Imagen: Universidad Isabel I

“España está muchísimo mejor que el resto de Europa en violencia de género en general, no solamente en número de víctimas sino también en la atención, en las órdenes de protección, en los centros de acogida y en el sistema de pulseras que ahora nos están copiando muchos países europeos”. Con estas palabras ha defendido Pilar Martín Nájera, fiscal delegada de Violencia de sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, el enorme trabajo que se realiza desde todos los estratos de la sociedad para luchar contra esta lacra, en el contexto de la Jornada Violencia de Género Digital que ha tenido lugar esta mañana en la Universidad Isabel I.

Junto a ella han protagonizado las ponencias y la posterior mesa redonda Pilar Conde Colmenero, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad Isabel I; María Boado, fiscal coordinadora de Violencia de Género del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; y Encarnación Iglesias, de la Asociación STOP Violencia de Género Digital. El debate posterior ha estado moderado por Patricia Carro, periodista y socia fundadora de BurgosConecta.

La decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas ha arrancado la Jornada recordando que en 2019 el número de mujeres asesinadas víctimas de violencia de género asciende ya a 27, unas “preocupantes cifras” que han rebasado las 1.000 mujeres asesinadas desde que se empezó a contabilizar esta estadística en 2003. Conde ha enumerado un importante listado de necesidades que ha considerado esenciales para continuar combatiendo esta tipología de violencia, entre las que destacan la concienciación social, la formación especializada, un conocimiento jurídico técnico más profundo, nuevas propuestas legislativas y más investigación científica.

Martín Nájera, primera mujer nombrada fiscal superior, en Cantabria en el año 2000, ha calificado el dato de mujeres asesinadas como “tremendo” aunque ha ponderado que “la sociedad civil ha dicho mucho y lo ha dicho muy bien” en lo relativo a la violencia física, advirtiendo de que las cosas son distintas en materia de violencia psicológica.

Violencia de género digital

La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer ha reflexionado sobre las ventajas e inconvenientes intrínsecas a las nuevas tecnologías, subrayando que “nos han cambiado el criterio de intimidad” e indicando que hay corrientes de pensamiento que, motivadas por las redes sociales, ya apuntan a conceptos como intimidad compartida y extimidad. Y una de las cuestiones fundamentales en las que interviene la transformación digital es las relaciones de pareja, donde ha apuntado que existe una “responsabilidad individual y colectiva para exigir la autorregulación del uso de las redes sociales”.

Entre los grandes peligros de las redes, ha indicado Martín Nájera, se encuentra “el gran sexismo” que se transmite “sin ningún tipo de filtro”, y que contribuye a perpetuar la “desigualdad histórica de la mujer”. “Lo que diga un influencer va a misa”, ha recalcado, una situación que no puede sostenerse en estos términos, del mismo modo que “se mantienen unos roles sexistas y creencias como que si me controla es porque me quiere”.

Las redes impulsan cambios en las relaciones que las convierten en totalmente diferentes “a las que regula el ordenamiento jurídico español”, ha asegurado Martín Nájera, una razón de peso para trabajar por la evolución de las leyes con el objetivo de que contemplen situaciones que se han convertido en cotidianas a día de hoy. Como ejemplo, ha citado que “los jóvenes han aprendido que una torta no se puede permitir” pero “la violencia de control, la humillación, el abuso psicológico, no se identifica como violencia”, lo que dificulta que “se reaccione”

Entre los datos que preocupan a la Fiscalía General de Estado, la ponente ha destacado el rango de edad de los 16 a los 29 años, que el 20% de los jóvenes asegura haber vivido un episodio de control, o que el 9% de ellos ha alardeado en las redes de haberlo ejercido. “Desde Europa”, ha añadido Martín Nájera, “estamos recibiendo indicaciones de la necesidad de estudiar las consecuencias psicológicas que tiene padecer estas situaciones”.

Entre las medidas para hacer frente a la violencia de género en todas sus expresiones, la fiscal ha insistido en que el camino es “educación, educación y educación”, si bien ha apuntado las disposiciones que incluye el Pacto de Estado rubricado en 2017 “por todos los grupos políticos salvo Unidos Podemos”, que contempla medidas para atajar la violencia digital como que los operadores deben tender a normas de autorregulación, la Administración debe regular y sancionar debidamente, o la calificación de delito de las actuaciones que tengan lugar en las redes sociales. Llegado el caso, ha ejemplificado, en que una persona las utilice para difamar de manera continuada el honor y la imagen de su pareja o expareja, se podría proponer como sanción “la prohibición en el acceso a los medios digitales”

“Hay que denunciar las situaciones que puedan ser un delito. No simplemente no compartir, sino elevar la voz para hacer contrapeso”, ha sentenciado Martín Nájera.

Delitos y pruebas

El sexting (difusión imágenes íntimas), el child grooming (idéntico delito pero con menores), la sextorsión, el ciberacoso o la interceptación de comunicaciones personales son algunos de los principales delitos en materia de violencia de género digital, como ha explicado María Boado, fiscal coordinadora de Violencia de Género del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los cambios en las relaciones afectivas obligan a una continua formación y reciclaje de los órganos judiciales, que no estaban preparados para enfrentar estas situaciones –“nos tenemos que acostumbrar”, ha indicado Boado-, y han modificado igualmente la prueba tradicional, que ahora es “insuficiente a la hora de estudiar los nuevos delitos tecnológicos”, ha expuesto la fiscal.

El legislador ya se ha dado cuenta de que tenía que regularlas y establece qué pruebas se pueden usar y cuáles no. Para ello, ha explicado Boado, es imprescindible que cumplan una serie de características: que sean objetivas, que se obtengan por medios legales, que determinen el grado de reiteración en un comportamiento delictivo y que establezcan exactamente el momento en que se comete el delito.

En este proceso surgen varios obstáculos como la volatilidad de la prueba y la facilidad de su manipulación. Esta segunda dificultad explica la necesidad de realizar pruebas periciales que, como ha detallado Boado, son muy costosas y requieren de mucho tiempo.  Al mismo tiempo, es vital “no perjudicar la prueba porque, si se invalida, se invalidan todas las que proceden de ella”, ha destacado la fiscal.

Con todo, ha subrayado Boado, el mayor problema se halla en “todos esos campos que están faltos de regulación, como la usurpación informática de la identidad de la víctima o una conducta que raya entre la legalidad y la ilegalidad, como el escrache informático, que pone a la víctima en el punto de mira de las redes sociales”. Estas conductas intimidatorias se mueven en unos márgenes complicados de definir, por lo que ha asumido que queda mucho trabajo por hacer porque, además, este tipo de delito “nos dará muchas sorpresas”.

Formación digital

La presidenta de la Asociación STOP Violencia de Género Digital, Encarnación Iglesias, ha relatado el camino de la primera entidad de estas características que se creó en España, poniendo el acento en que “las víctimas de violencia de género digital no son conscientes de que son maltratadas”, lo que supone el primer problema a resolver. El trabajo para concienciar sobre el carácter delictivo de estas acciones se ha mezclado, desde los comienzos de la Asociación, con otro: no sólo han tenido que tratar a las víctimas, sino que también se han dedicado, y lo siguen haciendo, a formar a profesionales especializados en esta materia.

Los retos que plantea internet en el ámbito de la violencia de género son innumerables según Iglesias: la falta de una educación necesaria para navegar por la red de forma segura, la velocidad a la que aparecen nuevos delitos digitales en contraposición al tiempo que tardan en regularse, las modas que surgen entre los jóvenes y que en su mayoría son prácticas peligrosas, etcétera.

Asimismo, la presidenta de la Asociación ha remarcado que “tenemos comportamientos en internet que no tendríamos nunca en nuestra vida real”, aludiendo a la facilidad con la que prestamos nuestros datos personales, y ha planteado que debería establecerse un sistema similar al existente con las tarjetas prepago de telefonía, de modo que si no verificas tus datos, no puedes acceder a internet, ya que hay muchos jóvenes que suplantan identidades o crean unas falsas para acceder a páginas de apuestas o pornografía.

“Los niños están aprendiendo sexo a través de la pornografía, donde se veja a las mujeres. Los niños lo aprenden y las niñas lo normalizan. Esta es una de las explicaciones a las preocupantes cifras de la juventud en relación a la no identificación de conductas que de violencia de género”, ha subrayado Iglesias en este sentido.

Por último, todas las ponentes se han mostrado conformes en cuanto a la falta de formación, en general, de toda la sociedad, que puede cometer delitos de violencia de género digital simplemente dando un ‘like’ en una publicación en redes sociales sin saberlo, o que no cumple con unas pautas mínimas de seguridad en internet, lo que desencadena un incalculable daño en los jóvenes, incluso desde muy pequeños, un factor con unas consecuencias psicológicas que no llegan a evaluarse correctamente.

Para cerrar la jornada, las protagonistas han insistido en la educación como el camino para revertir el contexto que vivimos actualmente en relación a la violencia de género digital, animando a que se denuncien todas las situaciones que sean susceptibles de calificarse como delito.

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