UGT denuncia que uno de cada cuatro profesores es interino

El encadenamiento sucesivo de contratos de interinidad es un fraude de ley, asegura el sindicato

El sector de Enseñanza de FeSP-UGT denuncia que uno de cada cuatro docentes es interino. El encadenamiento sucesivo de contratos de interinidad es un fraude de ley, asegura el sindicato. Y es que el 25% del profesorado de enseñanzas no universitarias es interino. La cifra se había conseguido reducir hasta el año 2011 a un 8%, con el desarrollo de la LOE y la aplicación de amplias ofertas de empleo público (OEP). “A partir de ese momento la irresponsabilidad de las Administraciones educativas ha llevado a un engrosamiento de las bolsas de interinos, de tal modo que uno de cada cuatro docentes se encuentra en esta situación”, subrayan los representantes sindicales.

En la docencia, la contratación de profesorado interino se produce para cubrir casos de eventualidades de funcionarios docentes con puestos fijos, como puede ser enfermedad, excedencia, comisiones de servicio, etc. “Esta situación de eventualidad se está desvirtuando”, ya que se utiliza de forma permanente en cada curso escolar para cubrir vacantes que no se ofertan como empleo público (OEP), con lo que se está favoreciendo la inestabilidad de las plantillas y la precariedad en el empleo.

Un porcentaje normal de interinos en la plantilla docente debería ser del 5%, a juicio de FeSP-UGT. “Todo lo que esté por encima demuestra que no se está priorizando la
consolidación de las plantillas y, por ende, del sistema educativo. Se están abaratando los derechos sociolaborales del profesorado interino (sexenios, trienios, cobro del verano, acceso a la formación…), con una flagrante vulneración por parte de las Administraciones educativas del principio de igualdad”, recogido en el artículo 14 de la Constitución y de la directiva europea que proclama “igual salario a igual trabajo”.

El panorama por comunidades autónomas es “alarmante”. Todas están muy por encima del 8% conseguido con la LOE. Los porcentajes van desde el 14% de Galicia y el 18% de Murcia, al 63% de Cataluña. Entre el 20% y el 30% están Melilla (21%), Andalucía, Canarias, Castilla y León y Euskadi (22%), Castilla-La Mancha y Madrid (23%), Extremadura (24%), Asturias y País Valenciano (25%) y La Rioja (27%). Por encima del 30% están Baleares y Ceuta (30%), Cantabria (32%), Aragón y Navarra (33%).

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