El Supremo da la razón a los regantes de San Frontis y anula 7 sectores del PGOU

Más de 1,3 millones de metros cuadrados recuperan la categoría de rústicos

En la zona roja, los sectores anulados por el Tribunal Supremo

Nuevo varapalo procesal al Ayuntamiento de Zamora. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia, ratificando la ya emitida por el TSJCyL del año 2014, y anula 7 sectores de suelo urbanizable del PGOU. El proceso judicial fue iniciado por el recurso de la Comunidad de Regantes de San Frontis, colectivo que se vio perjudicado por el incremento exponencial del impuesto sobre el suelo, al verse recalificados terrenos que en la realidad son de cultivo. Los terrenos afectados abarcan, tal y como se observa en el plano, los comprendidos desde el cementerio de San Atilano, la parte posterior del Estado Ruta de la Plata, hasta la carretera de Carrascal. En total, se pierden para su urbanización 1,3 millones de metros cuadrados, que recuperan el estatus de suelo rústico, “de donde nunca debieron salir”, valora el alcalde, Francisco Guarido.

Y es que, a juicio del regidor, de IU, la sentencia pone en evidencia el “manifesto fracaso del PGOU de 2011, cuya redacción costó 300.000 euros a las arcas municipales”. Además de estos 1,3 millones de metros cuadrados hay que sumar los 2 millones de Villagodio a los que la Junta renunció definitivamente, donde estaba previsto desarrollar el Plan Zamora-Duero.

Además, subraya que la sentencia “confirma lo que los técnicos del Ayuntamiento de Zamora dijeron en todos los informes durante la tramitación”, que el principio de desarrollo sostenible precisa satisfacer necesidades de crecimiento poblacional que justifiquen la ampliación del suelo urbanizable, así como ser congruente con las previsiones de crecimiento. Unas previsiones que contemplaban una población para la capital de 170.000 personas que no solo no se han cumplido sino que merman de año en año.

El perjuicio económico para los propietarios afectados se ha ido “paliando” gracias a las bonificaciones del 90% puestas sobre el pago del IBI puestas en marcha ya durante la última legislatura de Rosa Valdéon y con la entrada en vigor de la nueva Ley del Catastro, que establece que no se gravarán como urbanos los terrenos que no hayan sufrido desarrollo urbanístico, una ley con la que “el PP ha reconocido el fracaso del urbanismo en toda España”.

El fallo determina la condena en costas también para el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, parte también en el proceso, que ascenderá a una suma no superior a 5.000 euros. Así, el Ayuntamiento se ve obligado además a modificar el PGOU, lo que costará “otro pico” al Consistorio.

No hay comentarios

Dejar respuesta