La sentencia del TC deja “más desamparados” a los ayuntamientos, según el PP

Javier Faúndez y José María Barrios

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que anula uno de los 141 artículo de la Ley de Racionalización, más conocida como ‘Ley Montoro’ deja “más desamparados” a los ayuntamientos, según han valorado hoy los parlamentarios populares por Zamora José María Barrios y Javier Faúndez, quienes subrayan, no obstante, que el fallo reafirma la ley, si bien tumba la parte que más afecta a los consistorios. “Esto nos preocupa, porque es una ley municipalista, y ahora los ayuntamientos se quedan sin la defensa y la tutela del Estado”.

Y es que la sentencia echa atrás la regulación por parte del Estado del procedimiento de disolución de las entidades locales menores que no presenten las cuentas anuales, y la deja en manos de la comunidad autónoma; también anula la “garantía” que tenían los consistorios frente a la deuda de las autonomías, y los ayuntamientos podía cobrar directamente del Estado el importe de lo adeudado, que le era retenido a dicha Comunidad. Y, finalmente, deja en manos también de las comunidades autónomas alcanzar un acuerdo con los ayuntamientos para transferirles las competencias en el mantenimiento de los consultores médicos y los colegios, sin dejar margen de tutela al Estado.

Faúndez y Barrios han ilustrado con datos la difícil situación que atraviesan numerosos ayuntamientos por la asunción de estos gastos que corresponden a la Junta. Por ejemplo, el de Trabazos, que agrupa cinco núcleos de población, gasta al año 9.000 euros en el mantenimiento de los consultorios médicos, entre personal de limpieza, teléfono, electricidad, calefacción, etc… El de Nuez de Aliste paga por el mantenimiento del centro rural agrupado 14.000 euros. Pero la peor situación es para los municipios que tienen la ‘desgracia’ de albergar un colegio comarcal, como Alcañices, que emplea 60.000 euros anuales de sus arcas municipales. Los fondos que reciben del fondo incondicionado de la Junta creado para abonar estos servicios a los ayuntamientos es “insuficiente”, según Faúndez.

Así pues, la sentencia corta las alas al Estado para intervenir en competencias ya transferidas a las Comunidades Autónomas, y deja maltrechos a los ayuntamientos.

 

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