Reclaman que acabar con la violencia machista sea cuestión de Estado

Unas 200 personas se concentran en la plaza de Fuente Dorada de Valladolid

Pancarta principal en una concentración en Fuente Dorada, Valladolid.

Unas 200 personas han secundado este lunes la convocatoria de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid para reclamar que la lucha para acabar con la violencia machista sea una cuestión de Estado y cuente con la colaboración e implicación de todas las administraciones públicas y partidos políticos.

Esta concentración se ha convocado para conmemorar la Marcha contra las violencias machistas que reunió en las calles de Madrid a cientos de miles de personas hace justo un año. Desde entonces, las víctimas mortales han sido 77 según feminicidio.net y 51 según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, y son la punta del iceberg del sufrimiento de cientos de miles.

Texto íntegro del manifiesto:

  1. Que la lucha contra el terrorismo machista sea una cuestión de estado.

Hasta la semana pasada hemos estado con un Gobierno en funciones y hemos tenido dos elecciones generales, más las vascas y las gallegas. El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Alfonso Alonso despreció la manifestación del 7N por ‘partidista y preelectoral’. En la campaña electoral del 20D la violencia machista tuvo una escasa presencia, que bajó en la del 26J, en la que denunciamos que ’26 segundos no bastan’, pues fue lo que dedicaron en el debate televisado de 2 horas los candidatos a la presidencia del Gobierno Sánchez e Iglesias, mientras Rajoy y Rivera ni contestaron.

La Valoración Policial del Riesgo de Violencia sobre la Mujer (VioGen) ha bajado de proteger a 31.691 víctimas en 2010 a 16.613 en 2015, al denegar protección policial a 2 de cada 3 de las 129.193 denunciantes, considerándolas sin ningún riesgo, y al 80% de las restantes con bajo riesgo de agresión. El Ministerio del Interior anunció en julio la revisión implicando a los servicios sociales y de igualdad de las Comunidades Autónomas, asfixiados por los recortes, sin aumentar los recursos. El presupuesto del Estado para violencia de género en 2016 son 25,2 millones de euros, un 10,9% menos que en 2009.

  1. Aplicar el Convenio de Estambul y las recomendaciones de la CEDAW, y reformar la ley 1/2004 para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres.

La parálisis del Parlamento no es excusa, pues el Convenio de Estambul es aplicable desde hace 2 años, para combatir la violencia eliminando la desigualdad, incluir TODAS las formas de violencia, no sólo la de pareja; crear servicios especializados a víctimas de agresiones sexuales y proteger a TODAS las víctimas sin discriminación por raza, lengua, clase, edad, orientación sexual, identidad de género, diversidad funcional, estado civil, estatuto de emigrante o de refugiada, en las que la Comisión de Observación de Derechos Humanos ha reportado en el CETI de Melilla embarazos indeseados, desprotección frente a la violencia de género y represalias por denunciarla.

  1. Que toda la sociedad y sus organizaciones e instituciones se comprometan en esta lucha.

En el verano de 2016 decenas de miles de personas se han manifestado contra las agresiones sexuales. En los sanfermines en 2008 José Diego Yllanes violó y asesinó a Nagore Lafagge, y ya en 2015 se trabajó Por unas fiestas libres de agresiones sexistas. En 2016 J.A.P.M., J.E.D., A.J.C.E., A.M.G.E. y A.B.F., ahora investigados también por otra violación en grupo en mayo en Pozoblanco (Córdoba), violaron a una mujer de 19 años, a quien ayudaron dos personas llamando a la policía municipal, y al día siguiente decenas de miles de mujeres y hombres, organizaciones feministas y sociales, peñas y representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad Foral, llenando la plaza del Ayuntamiento de Pamplona con el lema ‘No es no’.

Las denuncias y la respuesta feminista y social se han dado también en la Aste Nagusía o Semana Grande de Bilbao, en la de Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Tudela, Mallorca, en las playas de Huelva, en Calahorra, San Sebastián de los Reyes, Buñol, Cuenca, Talavera, Albacete, Valladolid, Zaragoza y un centenar de municipios que han dispuesto anuncios, cursos de autodefensa y para implicar a peñas, bares, comercios y asociaciones, protocolos de actuación rápida y teléfonos de urgencia.

Es un avance respecto a 2014, cuando en la Feria de Málaga la mujer de 20 años que denunció ser violada por cinco hombres, que también lo grabaron, fue condenada por la jueza Mª Luisa Cienfuegos a 10 meses de prisión y multa de 2.160 euros por denuncia falsa. Las manifestaciones de 2016 contra las agresiones sexuales crean una nueva conciencia social, y demandan políticas públicas de prevención y de atención sicológica, social y judicial contra las agresiones sexuales.

  1. Que la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia en la pareja o ex pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas.

Así lo establecen el Convenio de Estambul y las Observaciones del Comité CEDAW, sin respuesta. La Macroencuesta 2015 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género reconoce que 1.447.687 mujeres -el 7,2% de las de 16 y más años residentes en España- han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja, por lo que están excluidas de la Ley 1/2004 de violencia de género y tienen peor protección, y que en el último año 120.641 mujeres han sufrido agresiones sexuales, el 40,4% violación y el 59,6 otras formas de violencia sexual.

Pero según el Ministerio de Interior de 2009 a 2015 solo hubo 9.040 denuncias por violación (incluyendo solo las agresiones con penetración), unas 1.300 anuales. El 8,6% de las violadas tenían menos de 13 años y el 19% de 14 a 17, y el 82% fueron violadas por conocidos. Hasta el Consejo del Poder Judicial reconoce que las agresiones sexuales son una asignatura pendiente.

Exigimos al Estado un Plan de Acción contra la violencia sexual en todos los ámbitos (de pareja, familiar, laboral, escolar, en las calles, transportes y fiestas) con medidas de prevención y atención especializada.

  1. Implicación de todas las instancias de gobierno en la prevención y erradicación de las violencias machistas y en la asistencia y reparación a todas las mujeres en situación de violencia, independientemente de su situación administrativa.

Es en los ayuntamientos, o en un número significativo de ellos, donde hemos visto este año más implicación, pese a tener menos competencias y dinero que las Comunidades Autónomas y el Estado. La Plataforma 7N contra las violencias machistas estamos realizando un seguimiento, en especial de los 135 ayuntamientos que aprobaron Mociones en apoyo a la Marcha de 2015.

La desprotección de las víctimas es violencia institucional. Aumentan los asesinatos de mujeres, incluso cuando estaban hospitalizadas recuperándose de otro intento de asesinato, o que habían interpuesto denuncia y se determinó que no había riesgo, dejándolas sin protección. Otras son víctimas de parejas con armas y sin evaluación y seguimiento, o de denuncias cruzadas y revictimización.

  1. Que el acento se ponga en la protección de las afectadas y de sus hijos e hijas, facilitándoles salidas de recuperación vital, económica y social.

Sólo 1.007 mujeres víctimas de violencia tuvieron en 2015 un contrato laboral con bonificación de 50 a 125 €/mes de la cuota empresarial, el 0,8% de las 129.193 denunciantes, y solo 679 el subsidio de desempleo de 426 €/mes por 6 a 18 meses del artículo 27 de la Ley de violencia. Son mínimas las ayudas para vivienda e insuficiente la ayuda a su recuperación sicológica y empoderamiento.

  1. Que la prevención sea una política prioritaria, que incluya un sistema coeducativo en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, los medios de comunicación, la producción cultural y la sociedad civil en la lucha contra las violencias machistas.

En 2015 la UNESCO y la Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación de las Niñas (UNGEI) pidieron a los gobiernos planes de acción contra la violencia de género en la escuela y sus alrededores, con medidas de prevención, protección y rendición de cuentas, y presentaron un informe sobre acoso verbal y sexual, abusos sexuales, castigos corporales, intimidación y discriminación por motivos estéticos, de orientación sexual, discapacidad o etnia, practicados entre ‘iguales’ o por personal de la escuela (en Holanda hay cifras del 27%), que inciden en el rendimiento, absentismo y abandono escolar; baja autoestima, depresión, embarazos e infecciones como el VIH y en las relaciones presentes y futuras de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Pero en nuestro país se siguen incumpliendo los artículos 4 al 9 de la Ley 1/2004 contra la violencia de género y con la LOMCE tampoco se imparte educación sexual. La formación especializada para juezas y jueces introducida en 2008 se limita a un curso de un mes, y menos a profesores, sanitarios, equipos sicosociales y el resto de profesionales que tratan a las víctimas.

  1. Que los medios de comunicación visibilicen las diferentes violencias machistas, sin sensacionalismo morboso ni lenguaje o imágenes sexistas.

Que apliquen los puntos 19 y 27 de las Observaciones del CEDAW a España con una estrategia integral contra los estereotipos de género en la educación, los medios de comunicación y la publicidad; con promoción de la igualdad de género en los programas y en la formación del profesorado, y con educación sexual y reproductiva adaptada a la edad de niñas y niños, en el plan de estudios ordinario y obligatorio.

  1. Eliminación de la custodia compartida impuesta, supresión del régimen de visitas y de la patria potestad sobre menores a los maltratadores condenados.

La guarda y custodia compartida de los hijos e hijas ha pasado del 10,5 % en 2010 al 24,6 % de los separados en 2015, y crecen las que son judicialmente impuestas, sobre todo en Aragón y la Comunidad Valenciana, que han aprobado leyes que la imponen en los divorcios sin acuerdo entre los progenitores. En la petición unilateral de guarda y custodia compartida prevalecen intereses económicos para no otorgar el domicilio familiar o no pagar pensiones. Las consecuencias representan, en muchos casos, una forma de violencia hacia las mujeres, y graves perjuicios a los menores.

Un maltratador o un abusador sexual nunca puede ser un buen padre. Según datos oficiales, en 2015 solo el 3,5% de las sentencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han suspendido las visitas, y sólo el 0,4% la patria potestad, lo que da idea de la falta de formación en género y de la violencia institucional, amparada en informes de sicólogos que aducen el anticientífico SAP (síndrome de alienación parental) para privar de guardas y custodias a madres o mantener las visitas de maltratadores.

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