El plan de prevención de delitos, obligado para las empresas

Ángela de Miguel, la presidenta de la CVE, ha asegurado que "la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento"

De Miguel explica la norma sobre sistemas de supervisión. Fotografía: Europa Press.

La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) y la sociedad de garantía recíproca Iberaval han advertido este lunes a los empresarios, especialmente a los pequeños y medianos, de las consecuencias penales de no contar con un plan de prevención de delitos al que obliga la ley desde mediados de 2015.

Según ha asegurado la presidenta de la CVE, Ángela de Miguel, se trata de un tema “muy importante” para todas las empresas –la norma sólo afecta a las sociedades o personas jurídicas no a los autónomos– ya que, con la suscripción de esos mecanismos de prevención de delitos pueden minimizar riesgos, además de cumplir la ley.

“La ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento”, ha recordado De Miguel, quien ha apelado a la capacidad del derecho preventivo para evitar muchos problemas que, en el caso del incumplimiento de esta norma que obliga a contar con un plan de prevención de delitos penales, puede derivar en un “daño terrible” para la sociedad, que puede llegar a su desaparición.

De Miguel ha reconocido que la probabilidad de que una empresa incurra en un ilícito penal no es muy alta pero ha insistido en la necesidad de que estén “bien protegidas” ante situaciones que trascienden a la corrupción y entre las que ha citado a modo de ejemplo un accidente laboral, un caso de acoso, una cesión indebida de datos o un vertido.

La presidenta de la CVE, que es abogada de profesión, ha aclarado que la suscripción de este tipo de planes de prevención de delitos con el que se exonera a la empresa de los ilícitos no es muy costosa y ahorra “muchísimos disgustos y muchísimo dinero”.

En el mismo sentido se ha pronunciado el director de Iberaval, Pedro Pisonero, en esa insistencia de que la ley obliga a todas las sociedades a contar con esos mecanismos de prevención de delitos a modo de “escudo” para exonerar a las compañías, de modo que sólo se mantendría la responsabilidad personal del presunto infractor, pero no pesaría sobre la empresa o sobre el patrimonio de los directivos.

Ángela de Miguel ha advertido además de que no existe un cuerpo de inspectores que vigile el cumplimiento de la nueva norma, derivada de la reforma del Código Penal, por lo que ha insistido en la necesidad de que las empresas se ajusten a los nuevos preceptos de la ley como dictan Fiscalía y Tribunal Supremo.

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