El PSOE regresa al debate sobre los sueldos con “escepticismo”

Después de aprobar el mantenimiento en 2017 de los sueldos del alcalde y de los concejales con dedicación exclusiva

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha confirmado justo antes de finalizar el Pleno municipal celebrado este martes en el Ayuntamiento de Valladolid, que el Grupo Socialista volverá a sentarse en la ponencia sobre el reglamento orgánico de la Casa Consistorial, aunque ha advertido del “escepticismo” que mantienen sobre las dificultades para llegar a un acuerdo en materia de los sueldos del propio regidor y los concejales.

Después de siete horas de debate en el Pleno ordinario, sumadas a 40 minutos de Consejo municipal de Auvasa, y de aprobar el mantenimiento en 2017 de los sueldos del alcalde y de los concejales con dedicación exclusiva en las mismas cantidades que perciben este año, un ruego presentado por la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, ha servido para que Puente confirme el regreso a la ponencia de reglamento que el PSOE había abandonado hace algo más de un año. Fue cuando se aprobó en el Pleno una propuesta del Grupo Popular que no contaba con el acuerdo de todos los grupos y que implicó la rebaja de su sueldo en aproximadamente un 7 por ciento.

Entre los asuntos que han llegado al Pleno dictaminados por las comisiones municipales, se ha aprobado, con la abstención del Grupo Popular, Ciudadanos y el concejal no adscrito, Jesús Presencio, la propuesta de retribuciones a los miembros con dedicación exclusiva de la Corporación en 2017, que serán las mismas que en 2016, al aplicarse una vez más la reducción del 15 por ciento para el alcalde y del 10 por ciento para los ediles establecidas desde 2010.

psoe-valladolid-pleno-ayuntamientoDurante el debate de este punto se han reiterado los reproches entre los grupos sobre la conveniencia de reducir o no las retribuciones y el presidente del Grupo Popular ha reclamado a los concejales con dedicación exclusiva de Toma la Palabra -María Sánchez, Manuel Saravia y Alberto Bustos- y a la portavoz de Sí Se Puede, Charo Chávez, que informen a los ciudadanos sobre el destino de la parte del sueldo a la que renuncian como compromiso con sus formaciones, no sin antes aseverar que entre los cuatro “cuestan 350.000 euros al año a los vallisoletanos”.

Comfort Letter

El debate había transcurrido en términos moderados e incluso con licencias poéticas hasta que se exponía en el Pleno el acuerdo para rechazar los recursos de las entidades bancarias ante la anulación de la Carta de Conformidad firmada por el exalcalde León de la Riva.

Martínez Bermejo, quien explicó que creen conveniente que se rechacen los recursos, pero que el PP se iba a abstener porque insisten en que la anulación de la ‘Comfort Letter’ conllevará un proceso judicial. Asimismo, ha incidido en reprochar que el actual alcalde se “extralimitó” al denunciar “penalmente” al exregidor ‘popular’, algo que entiende que “no tiene precedente” en Valladolid y que, en su opinión, implica “enfangar” la vida municipal.

El propio alcalde ha hecho uso del turno de palabra para reprochar que Bermejo actúe “como un abogado defensor de las entidades bancarias” y ha aseverado que es el Grupo Popular el que “está ahora de fango hasta las cejas y lo quiere extender a toda la ciudad”. Asimismo, ha afeado a los miembros de la bancada del PP que “dejen sólo” al exalcalde ‘popular’, quien encabezó la lista electoral de 2015. “Para mí es menos grato que para ustedes ver a León de la Riva en los tribunales”, ha apostillado.

En una de sus intervenciones, Puente se ha referido a que el portavoz del Grupo Popular, Jesús Enríquez, “asesora muy mal” a Martínez Bermejo en cuestiones legales, por lo que el edil ha solicitado intervenir por alusiones, algo que el alcalde ha denegado.

Antes de iniciarse la sesión ordinaria del Pleno se ha celebrado Consejo municipal de Auvasa en el que se ha aprobado la nueva composición del Consejo de Administración así como las tarifas que entrarán en vigor en 2017, con los nuevos bonos mensuales y con la oposición de PP y Ciudadanos debido a que consideran elevados los precios y que no son justos en comparación con el coste del bono metropolitano que también comenzará a funcionar el próximo año.

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