El Ayuntamiento mantiene la nulidad de la confort letter

El PP se abstiene en la votación del pleno extraordinario para rechazar anular el acuerdo que ya adoptó el pleno tal y como han reclamado los bancos

Puente conversa con Saravia durante un pleno.

El soterramiento sigue marcando la actualidad municipal y protagonizando plenos extraordinarios de la corporación, como un hilo conductor de la vida política de Valladolid que el equipo de Gobierno quiere que desemboque en la salvación y continuidad del proyecto y en que algún día las vías acaben bajo tierra.

Eso sin costar la salud de las arcas municipales. Con ese objetivo se anuló la confort letter que firmó León de la Riva, sin ningún formalismo, saltándose al Interventor y la aprobación del Pleno. Anular aquél documento fue el objeto de un pleno celebrado a comienzos de septiembre, “para evitar que el Ayuntamiento tuviera que afrontar el pago de 32,5 millones de euros, que es lo que los bancos nos exigen de manera inmediata”, ha recordado hoy durante la sesión el alcalde, Óscar Puente.

Los bancos han reclamado la nulidad de ese acuerdo del pleno, para dejar sin efecto la anulación de la confort letter y que el Ayuntamiento tenga que asumir su parte (25 por ciento) de los 404 millones de euros de deuda que ahora mismo tiene la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Sin embargo, el pleno extraordinario de este lunes ha desestimado esa petición y ha reiterado la anulación, con los votos favorables del PSOE, Toma la Palabra, Sí se Puede y Ciudadanos, y la abstención del PP y el concejal no adscrito.

El más duro con los bancos ha sido el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, que ha afirmado que “es inadmisible que los bancos digan que la anulación se deba a motivos subjetivos” y se ha preguntado “cómo calificar el hecho de que los seis bancos firmantes se permitan decir que se han utilizado razones de enfrentamiento político y no de carácter legal. Esto es indignante, es una desfachatez, con descaro y osadía”. Saravia también ha criticado que los bancos “ignoren el dictamen del Consejo Consultivo que apoyaba al Ayuntamiento en la anulación”.

El concejal de Hacienda, Antonio Gato, ha recordado que “los acuerdos del pleno son ejecutivos y sólo cuando supongan un daño para el interés público es cuando podría tener cabida esta anulación; sin embargo aquí la situación es justo la contraria, porque la anulación de la confort letter es lo que protege el interés público”.

El portavoz del PP, Antonio Martínez Bermejo, ha justificado la abstención de su grupo argumentando que “lo más adecuado sería sentarse con las entidades bancarias y buscar una fórmula de garantía que no generará conflicto, intentando evitar que los recurrentes acudan a los tribunales”.

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