Peligra el Campus de Justicia en San Pablo, según el PP

Debido a las alegaciones de los afectados, a que “el proyecto no respeta la normativa urbanística” y a problemas jurídicos

Colegio El Salvador, donde el Ayuntamiento quiere establecer el Campus de la Justicia.

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha anunciado que el equipo de gobierno que dirige Puente “está barajando renunciar a su proyecto de fijar el Campus de la Justicia en el colegio El Salvador y en el aparcamiento del antiguo hospital Rio Hortega”.

Según un comunicado enviado a los medios de comunicación señalan que a las alegaciones formuladas por los afectados se suma que “el proyecto no respeta la normativa urbanística, lo que sumado a un retraso ya de un año hace que Valladolid pueda quedarse sin la integración de los juzgados”.

Según el PP, los miembros del gobierno municipal conocen desde hace tiempo la dificultad jurídica del proyecto, razón por la que el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, ha acudido al ministerio de Defensa para solicitar la cesión del Palacio Real. El edificio militar, cuya cesión ha sido denegada por defensa, era una alternativa que buscaba subsanar las dificultades del proyecto iniciado, que, para los populares, en estos momentos está “casi imposible”.

Las alegaciones formuladas por los afectados en el proceso, propietarios del El Salvador, Tesorería General de la Seguridad Social, SACyL y Ministerio de Justicia son “todas contrarias al proceso, por lo que, de seguir adelante, retrasaría en varios años su aprobación definitiva, o lo imposibilitarían totalmente”.

Los ‘populares’ recuerdan que el proyecto de construcción del Campus de Justicia en la parcela de Villa de Prado fue aprobado hace unos años por el gobierno socialista de Zapatero y en el mismo ya se han afrontado gastos de redacción del proyecto de cerca de un millón de euros, que se perderían. A mayores, las sedes judiciales en alquiler “nos cuestan a todos cerca de dos millones de euros”.

Por último, el Grupo Municipal Popular manifiesta que “todo esto al final es un perjuicio para los ciudadanos y para los profesionales de la justicia que ven como un servicio público tan importante y necesario tiene que seguir prestándose con recursos del siglo pasado.

Asimismo, alegan que “la cabezonería del tripartito municipal puede acabar suponiendo que se pierda la inversión del Campus de la Justicia y con ella no sólo la mejora de un servicio público, sino también inversiones y puestos de trabajo en nuestra ciudad”.

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