Condenado en Valladolid un hombre por un delito continuado de estafa

La sentencia de conformidad condena al acusado con un año y 9 meses, además de una multa de 750 euros, y el abono de las costas

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Palacio de Justicia de Valladolid. Fotografía: Europa Press.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un año, nueve meses y un día de prisión a Abraham L.S, de 38 años, por firmar un contrato de arrendamiento de un chalé a nombre del Grupo El Árbol, para lo que utilizó un poder notarial, falsificó firmas, no pagó e incluso logró que la empresa hiciera una transferencia para pagar parte del alquiler para lo que adujo que era una colaboración para un club ciclista.

La sentencia de conformidad condena al acusado por un delito continuado de estafa a la pena de prisión, además de una multa de 750 euros, y el abono de las costas, además de a indemnizar a la propietaria del chalé con 14.000 euros y al Grupo El Arbol con 2.500 euros, cantidades consignadas que han permitido aplicar a Abraham L.S. la atenuante de reparación del daño.

Los hechos, según recogía el escrito de calificaciones del fiscal recogido por Europa Press, se remontan a febrero de 2013, cuando el acusado se puso en contacto con la propietaria de un chalé ubicado en el barrio vallisoletano de Parquesol y aprovechó su condición de trabajador del Grupo El Árbol para presentarse como directivo de la misma con un poder notarial, de fecha enero de 2012, para representar a la empresa, y manifestar a la propietaria la intención de arrendar la vivienda para su residencia, aunque pagaría la mercantil.

Así, la propietaria, confiada en la reputación de la cadena de supermercados y las garantías y ventajas en época de crisis de alquilar la vivienda a un directivo de esta empresa, accedió a suscribir un contrato de arrendamiento consistente en una renta de 1.200 euros al mes, una fianza de 3.000 con abono de 500 euros en los seis primeros meses, es decir, de 1.700 euros de marzo a agosto.

El acusado formalizó el contrato con fecha de inicio de 1 de marzo de 2013 y se lo presentó ya firmado, para lo que argumentó que a los apoderados de El Árbol que figuraban en el poder, por motivos de viaje profesional y carga de trabajo, les era imposible acudir a la firma de forma conjunta y personal, por lo que la dueña del chalé accedió a firma el contrato y a la entrega de llaves, mando del garaje, etcétera, y a dar la posesión de la vivienda a Abraham L.S. el 28 de febrero del citado año.

El acusado previamente habría imitado o plasmado la firma de los dos apoderados de El Árbol en las cinco hojas que comprendían el contenido del contrato, sin que estos supieran nada, y la propietaria rubricó el acuerdo confiada por la entidad de la empresa.

Impagos y excusas

Sin embargo, ante el impago de la renta, agua y otros servicios que figuraban en el contrato, la dueña del inmueble contactó con el acusado para solicitarle aclaración, pero sólo recibía respuestas esquivas y argumentos de que sería un error de contabilidad de la empresa y que se solucionaría más adelante.

Ante esta situación, el acusado envió un correo electrónico al departamento de contabilidad de El Árbol el 5 de abril de 2013 en el que solicitó que ingresara 2.500 euros a un club ciclista como colaborador de la empresa, aunque indicó el número de la cuenta de la propietaria del inmueble para evitar que le pidiera más explicaciones, por lo que el 18 de abril la empresa dio orden de ingreso de 2.500 euros que fueron abonados a final de mes en la citada cuenta.

La propietaria, al ver que la operación se hacía mención como beneficiario al citado club ciclista y que la cantidad no correspondía con lo acordado en el contrato, se puso en contacto con El Árbol mediante burofax para solicitar información por el incumplimiento del arrendamiento de la vivienda de uno de sus empleados.

Sin embargo, la empresa contestó que no tenían constancia de la existencia del contrato de arrendamiento y que ninguna persona apoderada de la empresa había firmado dicho contrato y que además el acusado ya no era trabajador de la empresa por haber sido despedido recientemente por actos “graves” contra el Grupo, entre otros el arrendamiento objeto de juicio. El acusado abandonó la vivienda a finales del mes de agosto de 2013.

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