El exdirector financiero de Gesturcal guarda silencio sobre la ‘Perla Negra’

Francisco Armero rechaza declarar como investigado en el Juzgado de Instrucción de Valladolid

El edificio conocido como 'Perla negra'.

El que fuera director financiero de ADE Parques, Francisco Armero Gutiérrez, era el último de los investigados citado a declarar en el caso del edificio conocido como ‘Perla negra, en esta primera parte del proceso judicial que está realizando el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado de investigar un presunto delito de malversación en los procesos de alquiler y posterior compra del edificio de la Junta en Arroyo y la adquisición de suelo para el fallido polígono de Portillo.

Sin embargo, de la docena de excargos y cargos de la Junta que han declarado por estos hechos en sede judicial, en calidad de investigados, desde el pasado día 23 de mayo, Armero, quien ocupó el puesto de director de Gestión Administrativa y Financiera de ADE Parques hasta mayo de 2012, es el único que ha optado por la fórmula de guardar silencio, tal y como ha trasladado esta mañana al juez instructor después de que éste le leyera sus derechos.

Por ello, salvo que pidiera más adelante declarar de forma voluntaria, el testimonio de Armero no será escuchado hasta la celebración de la correspondiente vista oral, siempre y cuando el proceso siguiera su curso y el investigado se mantuviera en él y pasara a convertirse en encausado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La declaración de Armero era esperada con interés por cuanto desde el puesto que ocupó en ADE dio luz verde al pago de 4,4 millones por el amueblamiento de la ‘Perla Negra’, importe abonado a la empresa Unifica, la misma que había reformado la sede del PP en Génova.

Dicha operación es la que llevó a la Junta a solicitar personarse en la causa como acusación particular y a la apertura de una pieza separada–el juez ha rechazado tal pretensión–por entender que la misma había causado un perjuicio económico a la Administración regional por haberse adjudicado de forma directa por el entonces exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado.

Completada esta primera fase, el juez instructor del caso no retomará los interrogatorios hasta el próximo mes de octubre, cuando tengan que declara como investigada una decena de empresarios. Mientras tanto, ni el PSOE ni Manos Limpias han depositado la fianza de 10.000 euros exigida por el instructor para poder sumarse a la causa como acusadores populares.

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