Reabierta la causa contra tres concejales de Montemayor por infidelidad documental

Se trata de dos ex ediles de Izquierda Unida y otro del PSOE

Montemayor de Pililla.

La Audiencia de Valladolid ha decidido reabrir la causa contra tres exediles de Montemayor de Pililla, dos de IU y uno del PSOE, por un delito de infidelidad en la custodia de documentos relacionado con la supuesta apertura en 2014, antes del tiempo estipulado, de las distintas ofertas que se habían presentado para el concurso convocado para adjudicar la explotación de un bar en el pueblo dependiente del Consistorio.

La decisión de la Sección Segunda de lo Penal, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, estima así el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Montemayor contra el sobreseimiento provisional de las diligencias acordado por el Juzgado de Instrucción número 5, con lo que el procedimiento seguirá su curso por los trámites de la ley de jurado.

La reapertura del caso lo fundamenta la sala que preside Feliciano Trebolle en que los hechos analizados revisten indicios de un delito del artículo 413, relativo a la infidelidad en la custodia de documentos públicos, que estipula penas de entre uno y cuatro años de cárcel, multa de siete a veinticuatro meses e inhabilitación entre tres y seis años; uno del 417 en grado de tentativa, sobre revelación de secretos, con multas de entre 12 y 18 meses e inhabilitación de uno a tres años, así como uno de fraude del artículo 436, con posible perjuicio al Ayuntamiento y sus vecinos y que lleva aparejados una pena de cárcel de entre uno y tres años e inhabilitación de seis a diez años.

En su inicial archivo ahora revocado por la Audiencia Provincial, la instructora entendía que los ediles investigados no cometieron el delito de revelación debido a que no eran los custodios de los documentos, tarea que asignaba al secretario municipal.

Las diligencias fueron abiertas a los que fueran ediles de IU en la anterior corporación, Begoña García y Javier Martínez, y el entonces edil socialista Enrique García.

Los hechos llegaron a la Fiscalía de Valladolid el 27 de enero de 2015 a raíz de la denuncia interpuesta por uno de los aspirantes al referido concurso, perjudicado directo de la supuesta acción ilegal de los entonces ediles y quien había venido explotando el bar ‘La Hontana’ de Montemayor durante los últimos quince años.

En su denuncia, el hostelero hizo constar que al concurso para la explotación del bar se presentaron tres ofertas que, según se acordó, no serían abiertas antes del día 30 de diciembre de 2014 por la Comisión de Recursos Económicos y Patrimoniales del Consistorio de Montemayor.

Sorprendidos por el secretario

Sin embargo, sostiene que los tres investigados, desentendiéndose de tal formalidad, abrieron el día 26 de ese mes los sobres y examinaron las ofertas, con tan mala suerte de que fueron sorprendidos por el secretario accidental del Ayuntamiento, quien les advirtió de que con ello estaban infringiendo el proceder ordinario y legal previsto para este tipo de asuntos.

El denunciante advertía de que la maniobra pudiera estar relacionada con el hecho de que el esposo de una de las personas imputadas, Begoña García, es primo de uno de los que componían una de las tres candidaturas a hacerse con la explotación del bar, con la presumible intención de conocer las pujas de los aspirantes con carácter previo y así poder utilizar dicha información en beneficio del referido familiar para que acomodara su oferta y presentarla como las más ventajosa.

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