Asociación Internacional de Tauromaquia cierra filas con el Toro de Vega

Califican de “ataque a los orígenes de la tauromaquia” y de “imperdonable agresión” el decreto que prohíbe matar al Toro de la Vega

Ambiente en el Toro de la Vega en 2015.

La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT) ha cargado con dureza contra la Junta de Castilla y León y ha cerrado filas con el Toro de la Vega de Tordesillas, después del decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno para prohibir que se mate al Toro de la Vega en el torneo.

En un comunicado, la AIT asegura que el decreto “vulnera la Constitución española y leyes de rango superior, ha sido aprobado con premeditación dañina y alevosía, propias de los regímenes que gobiernan a golpe de decreto, sin que se justifique urgencia de naturaleza alguna. Esto es lo que puede esperarnos con los radicales que habiéndose posicionado ya en contra de la Tauromaquia, pretenden hacerse con el poder en España, pero que para nada se esperaba de quienes dicen creer en el respeto a los derechos de los pueblos y a su libertad, como es el caso del Partido Popular”.

Desde la Asociación muestran su apoyo incondicional al Patronato del Toro de la Vega y a todo el pueblo de Tordesillas, “pueblo ejemplar, paciente, educado, respetuoso incluso con los que no piensan como ellos, que enfrenta ahora además de los ataques de los animalistas, la traidora acción de políticos endebles instalados en el gobierno de Castilla y León, que no respetan la cultura popular y que ceden a las presiones de grupos que buscan vaciar a España de sus señas de identidad”.

“Nuestra Constitución y las leyes nacionales son de obligatorio cumplimiento tanto para los ciudadanos como para todos los poderes públicos, pasando desde el mas pequeño ayuntamiento de nuestra geografía hasta la más alta magistratura del Estado, incluyendo por supuesto a la Junta de Castilla y León, obligada expresamente por la Ley 18/2013 de la Tauromaquia a proteger nuestro Patrimonio Cultural”, argumentan desde la AIT.

Por ello, según este colectivo, la aprobación del decreto convierte a la Junta “en presuntos responsables de las sanciones que castigan el incumplimiento de la ley, pues han sido ellos los que han pasado por encima de la Constitución y las leyes, y lo más doloroso, colocándose del lado de los intolerantes y agresivos grupos animalistas, ignorando el sentir de todo un pueblo como el de Tordesillas”.

“Con un discurso improvisado y audaz, el portavoz de ese gobierno autónomo ha querido justificar que siete meses de trabajo insustancial que dio como resultado este decreto ilegal e inconstitucional, han sido suficientes para cargarse 500 años de historia de un Patrimonio Cultural que sólo pertenece a los tordesillanos, siendo éstos los únicos que pueden disponer acerca del destino y las condiciones en las que se recrea el Torneo del Toro de la Vega, que entronca con los orígenes de la Tauromaquia”, concluyen.

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