Expertos penitenciarios piden “retoques” en la última reforma para evitar dudas

En las Jornadas Penitenciarias Internacionales 'Las reformas penitenciarias', que han dado comienzo hoy y se prolongarán hasta este viernes en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UVa.

María José Salgueiro y Daniel Miguel, antes del inicio de las jornadas.

Expertos en Derecho Penal han abogado hoy por que el nuevo gobierno salido de las próximas elecciones acometa ciertos “retoques” en la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/2015, de 1 de julio, debido a los problemas o discrepancias que genera su aplicación tanto entre los jueces de vigilancia penitenciaria como entre los propios recursos, debido fundamentalmente al nuevo concepto de libertad provisional.

Así lo ha expuesto el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid, Enrique Mata, director de las Jornadas Penitenciarias Internacionales ‘Las reformas penitenciarias’, que han dado comienzo hoy y se prolongarán hasta este viernes en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho con el fin de analizar el sistema penitenciario y sus retos de futuro, sobre todo tras la última modificación que entró en vigor el pasado verano.

En este sentido, Mata, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reconocido que la última reforma plantea distintos problemas, tanto de interpretación como para su ejecución práctica, que deberían ser resueltos. “Es posible que sí”, ha respondido el experto en Derecho Penal a preguntas de si la citada ley orgánica debería ser objeto de distintos “retoques” por parte del nuevo gobierno salido de las próximas elecciones.

El catedrático ha puesto el énfasis en el nuevo concepto de libertad condicional, que desde la reforma deja de entenderse como tiempo efectivo de cumplimiento de la condena para convertirse en una modalidad de suspensión de la ejecución de la pena que falta por cumplir. De esta forma, el legislador no tiene en cuenta el periodo transcurrido en situación de libertad condicional a efectos de cómputo del tiempo de cumplimiento de condena en caso de producirse la revocación de la libertad condicional, al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora.

Por ello, si durante el tiempo de suspensión de la condena el juez revocara la libertad condicional, bien por comisión de nuevo delito o  por incumplimiento grave de las condiciones impuestas, el penado deberá cumplir toda la pena que le quedaba, sin que el tiempo que ha pasado en situación de libertad condicional sea tenido en cuenta.

“Su aplicación plantea dudas y disparidad de criterios entre los jueces de vigilancia, pero también entre la población reclusa, pues hay veces que los propios internos creen que les es más favorable el régimen anterior y en otros casos el nuevo”, ha insistido Mata, quien advierte de que hay presos a los que, en el tercer grado penitenciario, no les va a interesar que se les aplique la libertad condicional porque supone suspender la pena y si tuvieran algún problema entre tanto tendrían que volver a ingresar y afrontar la totalidad de la condena, no sólo la que les quedara por cumplir.

En definitiva, el experto advierte de que se trata de “problemas técnicos que afectan a algo tan importante como es la ejecución de la condena”, como ocurre en el supuesto de condenas no superiores a tres ños en los que los reclusos pueden acceder a la libertad provisional tras año y medio de permanecer entre rejas, si bien plantea “muchas dudas” porque el régimen de suspensión implica al menos un periodo de dos años sin delinquir, “y no interesa”, ya que en caso de cometer un nuevo delito volvería a prisión para cumplir toda la pena.

El sistema español, ejemplo para otros países

Por su parte, la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, presente, junto al rector de la UVA, Daniel Miguel, en el acto inaugural de las jornadas, ha subrayado la importancia de las mismas y el hecho de que el sistema penitenciario español es ejemplo en el que se miran otros muchos países, “que vienen a España para analizar la normativa estatal”.

En cuanto a la necesidad de introducir modificaciones en la última reglamentación penitenciaria, la representante del Gobierno central en la Comunidad reconoce que “todas las normas jurídicas son susceptibles de interpretación y su puesta en práctica a veces requiere de la intervención de los tribunales, siempre respetando la base de las mismas”, si bien en el presente caso entiende que cualquier retoque habrá de esperar a un nuevo gobierno debido a la situación de interinidad del actual.

No hay comentarios

Dejar respuesta