El PP defiende el derribo del San Juan de la Cruz

Critican el rechazo del equipo de Gobierno a la intención de la Seguridad Social en esa parcela

Colegio San Juan de la Cruz, en el bario de la Rondilla.

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha defendido la propuesta de la Seguridad Social de derribar el antiguo Colegio San Juan de la Cruz para construir en esa parcela unas oficinas de sus dependencias y ha criticado la actitud del equipo de Gobierno, contraria al derribo, porque es “un claro ejemplo de poco respeto a la propiedad privada”.

Así lo ha señalado el Grupo Popular en un comunicado recogido por Europa Press después de que este jueves componentes de los tres partidos que apoyaron la investidura de Óscar Puente como alcalde se fotografiaron a la puerta del San Juan de la Cruz “con una pancarta con el lema no al derribo”.

Esto supone, a juicio de los ‘populares’ un “claro ejemplo de poco respeto a la propiedad privada” pues el inmueble pertenece desde hace un año a la Tesorería de la Seguridad Social, que realizó una permuta con el anterior equipo de Gobierno del PP a cambio de una parcela situada en la calle Valle de Arán, que pasó a ser de titularidad municipal.

Según el PP, el antiguo colegio San Juan de la Cruz lleva cerrado desde hace años, ha sido declarado en ruina económica y “es hoy un recogedero de basuras infestado de ratas y, por tanto, una molestia para el vecindario”.

La Tesorería General de la Seguridad Social, han apuntado, “quiere instalar” allí un Centro Integral de atención al ciudadano, que supondría en su opinión, “una actividad óptima para los vecinos y el comercio de la zona con un edificio destinado al servicio público y la llegada de un número importante de empleados públicos, la regeneración urbana de un espacio degradado, lleno de suciedad y foco de enfermedades”.

El grupo municipal Popular considera que la oposición del equipo de Gobierno al derribo es una “limitación caprichosa e infundada del tripartito municipal respecto del propietario de la parcela no es legal”. Por ello, entienden que asunto está “en manos de un juzgado para que resuelva una controversia que ha generado artificialmente el Gobierno municipal”.

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