Al banquillo un policía nacional de Valladolid por revelación de secreto

Obtenía información sobre vehículos que posteriormente facilitaba a una tercera persona

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Palacio de Justicia de Valladolid. Fotografía: Europa Press.

El próximo miércoles, 20 de abril, arrancará el juicio en la Audiencia de Valladolid contra un agente de la Policía Nacional, bajo las iniciales O.L.G, acusado de acceder, a través de una aplicación informática, a los datos de distintos vehículos y de sus titulares, desde denuncias, detenciones y antecedentes, que más tarde compartió, presuntamente, con otra persona que ocupará igualmente el banquillo.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación provisional, considera que los hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y solicita para el policía una pena de cuatro años de cárcel, multa de 5.400 euros y su inhabilitación por espacio de nueve años, mientras que el segundo procesado, R.A.G, se expone a una condena de dos años y siete meses de privación de libertad y 2.700 euros de sanción pecuniaria, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El funcionario policial, destinado al grupo de conducciones y custodias de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Valladolid, accedió los días 13 y 14 de marzo de 2014 a la aplicación informática policial que contiene tres diferentes bases de datos: la que enlaza con los de la Dirección General de Tráfico, referente a vehículos, sus matrículas y sus titulares; la de denuncias policiales, así como la relativa a antecedentes por detenciones y requisitorias.

De esta manera, el agente se hizo con los datos de cinco turismos, cuatro de ellos pertenecientes a particulares y uno del que era titular una sociedad, para más tarde comunicárselos, bien personalmente y por teléfono, al también acusado R.A.G. tras solicitarlo éste expresamente, sin que coste el objetivo de dicha transferencia de datos ni haya constancia de que el primero de ambos haya percibido remuneración económica alguna por el servicio.

Lo que sí constata la acusación pública es que el funcionario, dada su condición de policía, estaba habilitado para acceder a esos datos mediante el uso de una clave y una contraseña personal, pero, sin embargo, carecía de autorización respecto de los consultados en concreto, además de que tampoco tenían relación con su trabajo.

Ninguno de los titulares del vehículo, uno de los cuales ya ha fallecido, ha presentado denuncia por los hechos.

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