Piden 64 años por trata de personas para ejercer la mendicidad

El juicio contra el clan rumano ha quedado visto para sentencia tras la petición de la fiscalía de 16 años de cárcel para cada uno de los cuatro miembros de la familia acusada.

La fiscalía de Valladolid solicita dieciséis años de cárcel para cada uno de los tres miembros de un clan acusados de obligar a una persona a ejercer la mendicidad. EFE.

El juicio celebrado hoy en la Audiencia de Valladolid contra un clan rumano acusado de trata de personas para ejercer la mendicidad ha quedado visto para sentencia, después de que la fiscalía haya decidido mantener su acusación a cuatro miembros de una familia, para los que pide 64 años.

Los cuatro integrantes del clan han negado ante el juez las acusaciones de la fiscalía en cuanto a captación, transporte y explotación de compatriotas rumanos para su beneficio económico.

Los integrantes acusados del clan, dos hermanos, la mujer de uno de ellos y el hijo de ese matrimonio, se enfrentan a penas que suman 64 años de prisión por “unos graves delitos que entrañan una gran dificultad para su demostración”, ha reconocido el fiscal en su intervención.

Además, el fiscal ha explicado que la trata de personas para ejercer la mendicidad es uno de los “grandes delitos desconocidos”, pues únicamente hay una sentencia al respecto, fallada en Cádiz, aunque ha incidido en gravedad del caso que atañe a “la dignidad y libertad” de las personas.

Los hechos a enjuiciar se remontan a enero y febrero de 2015, cuando uno de los acusados reclutó, según el Ministerio Fiscal, a un compatriota y vecino de un pueblo en Rumanía con las “falsas promesas” de proporcionarle un trabajo en España, cuando en realidad, según la acusación pública, el único fin era la explotación laboral por medio de la mendicidad.

Cuando llegaron a España, la víctima pasó a la manutención de uno de los acusados y hermano del presunto captador, que le proporcionó alojamiento en su casa, junto a otra de las víctimas y otros 14 miembros de la familia, para tenerlos más vigilados y que mendigaran para quedarse con los beneficios, ha expresado el fiscal.

El detonante del caso fue, según la fiscalía, una discusión por una deuda contraída por el clan, que ante la imposibilidad de pagarla, amenazó a los compatriotas que tenían bajo su protección con echarlos de la vivienda si no les daban todos los beneficios obtenidos por mendigar y poder saldar así el pago pendiente.

Ante la incapacidad de satisfacer las demandas del clan, dos de los mendigos sufrieron una agresión física, según la fiscalía y la versión de las dos víctimas en sus declaraciones a la Policía Nacional, lo que les llevó a denunciar las condiciones en las que estaban.

Al juicio solo ha acudido una de las supuestas víctimas, que se ha retractado de lo declarado en comisaría y ha negado que estuviera coaccionado a ejercer la mendicidad por el clan y entregarles todos los beneficios, que un día de diario podían ser de ochenta céntimos o de cinco y seis euros los fines de semana.

La defensa se ha centrado en la relación de las dos supuestas víctimas, a las que ha acusado de alcohólicas y de mantener mala relación, de ahí las lesiones presentadas en los informes médicos periciales, que serían fruto de una pelea entre ambos y no de la violencia ejercida por el clan.

La Fiscalía ha incidido en que cada uno de los miembros del clan se encargaba de un rol específico, de forma que uno de los hermanos se dedicó a la captación de compatriotas en Rumanía, el otro a su vigilancia y hospedaje en su casa, la mujer a amenazar a una de las víctimas y, finalmente, el hijo se dedicaba a amenazar a las supuestas víctimas para que retiraran las denuncias.

Finalmente, la fiscalía ha remarcado la “evidente coincidencia” entre que una de las víctimas se haya retractado en el juicio de lo dicho en comisaría con que un día antes de su comparecencia en el juicio se reuniera con uno de los abogados de la defensa.

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