PSOE reclama devolver la docencia de la Policía a la Usal

Los Procuradores del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Fernando Pablos, Ana Muñoz de la Peña y Juan Luis Cepa, han registrado en la Cámara autonómica una Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Educación, donde se pide a la Junta que realice las gestiones urgentes y necesarias ante el ministro del interior en funciones para que proceda a la revocación de oficio de la adjudicación a la Universidad Católica de Ávila de la docencia en la Escuela Nacional de Policía.

También pide que que retome urgentemente las conversaciones con la Universidad de Salamanca, con la que el Ministerio del Interior colaboraba al respecto desde 1987, para la conversión inmediata de dicha Escuela en centro adscrito a la Universidad salmantina.

Con esta iniciativa el PSOE insiste en su negativa a que el Gobierno sustituya a la Universidad de Salamanca por la Universidad Católica de Ávila, un centro privado adscrito a la Iglesia, para impartir la docencia en la Escuela Nacional de Policía de Ávila tal y como lo ha venido haciendo desde hace más de treinta años.

Defensa las universidades públicas

Los Procuradores socialistas manifiestan que la colaboración de las universidades públicas con los Ministerios del Interior y de Defensa desde los años ochenta ha dado excelentes resultados. Se llegaron a definir estudios universitarios específicos y especializados para los cuerpos y categorías más altos, vinculados al mando y la dirección.

En este sentido, la Universidad de Salamanca y el Ministerio del Interior iniciaron una intensa y fructífera colaboración en 1987 en el marco de la Escuela Nacional de Policía, con sede en Ávila. Sobresalen la articulación de los planes de estudios de nivel universitario, que ha culminado con su reciente adaptación a los parámetros del Espacio Europeo de Educación Superior y la impartición de docencia por el profesorado universitario de diversas áreas de conocimiento.

Como también la aprobación de ámbitos formativos pioneros en el campo de las Ciencias de la Seguridad (como, por ejemplo, el relativo a los detectives privados), la participación de miembros del Cuerpo Nacional de Policía como docentes y estudiantes, según los niveles y los supuestos, en títulos oficiales y propios, en cursos y programas de distinta índole, el impulso del doctorado y de proyectos de investigación, etc.

Una Escuela de Policía adscrita a la Usal

Fernando Pablos ha recordado que “esta decisión no sólo es inaceptable desde el punto de vista político sino que se ha tomado cuando la Universidad de Salamanca ya tenía fijados los planes de estudios y las programaciones docentes para este curso, entregando ahora la docencia a una universidad privada que no tiene los recursos académicos necesarios para la formación de mandos”.

“Una decisión que es además”, ha añadido Pablos, “nula de pleno derecho por contemplarse en los pliegos de adjudicación, entre otros extremos, requisitos en materia de profesorado que únicamente pueden ser cumplidos por una universidad pública y, por ello, nunca por la Universidad Católica de Ávila”. Una cuestión que ya han apuntado y confirmado expertos en derecho administrativo.

El PSOE solicita también que se retomen las conversaciones para la conversión de la Escuela Nacional de Policía en centro adscrito de la Universidad de Salamanca. Un objetivo relevante para seguir avanzando en la actividad académica conjunta descrita anteriormente.

El Rectorado de esta Universidad pública y los altos cargos del Ministerio del Interior han venido perfilando esta opción institucional, en la línea de lo ya existente con otras universidades públicas para la formación de nivel universitario de la Guardia Civil, con la Universidad Carlos III de Madrid, o de las Fuerzas Armadas con las Universidades de Alcalá, Zaragoza, Politécnica de Cartagena y Vigo.

El retraso del Ministerio del Interior en la aprobación de la creación del centro adscrito a la Universidad de Salamanca para la Policía Nacional, unido a la incomprensible y errónea decisión de convocar a concurso la adjudicación de la docencia en la Escuela Nacional de Policía, obviando la colaboración de casi treinta años con la Usal, ha desembocado en una resolución arbitraria y perjudicial para el modelo formativo diseñado durante todos estos años, y que es semejante al de los Estados más avanzados en esta materia.

 

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