PSOE quiere que la Ley de Ordenación garantice los servicios esenciales

Revertir los recortes, la no desaparición de mancomunidades y la fijación de la prestación de servicios básicos en igualdad y en equidad al medio urbano, y donde decidan los propios municipios, son también condiciones irrenunciables e indispensables para los socialistas.

La Ley 7/2013, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León se aprobó con el objetivo de mejorar la convergencia y la cohesión territorial, demográfica y económica de la Comunidad, impulsar una mayor cercanía en la prestación de los servicios y garantizar el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León a los servicios públicos de calidad, en condiciones de igualdad, se resida donde se resida.

Los socialistas, “siempre pensando y trabajando por y para la ciudadanía”, en este caso para la ciudadanía del medio rural de la que forman parte y son firmes defensores, aborda este proceso de desarrollo de la ley de ordenación en su fase de aprobación de los mapas de las UBOST rurales como “garantes del blindaje de los servicios públicos de calidad en el medio rural, en un proceso que se debe construir desde el diálogo y el consenso, con absoluto respeto a la autonomía municipal”.

Para el PSOE “no es posible ordenar el territorio de esta Comunidad sin ir de la mano de los Ayuntamientos, las Juntas Vecinales, las Diputaciones Provinciales, de los agentes socio- económicos y de los profesionales que prestan sus servicios en el medio rural, escuchando y conociendo sus necesidades, con respeto a las peculiaridades de cada uno de los territorios. Por eso tiene un diálogo abierto con todos ellos para construir una propuesta común de ordenación que blinde los servicios públicos en el medio rural, mejore su calidad de vida y refuerce su sostenibilidad demográfica y social”.

Los socialistas abogan por una ordenación del territorio “útil, orientada a la modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales de Castilla y León, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes, como nos mandata el Estatuto de Autonomía (Art. 16.10)”.

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