La oposición a Berkeley se traslada a los juzgados

Rueda de prensa en la Diputación para oponerse a la mina de uranio de Retortillo

La oposición a la mina de uranio que la empresa Berkeley quiere instalar en los términos municipales de Retortillo y Villavieja de Yeltes, al margen de la oposición vecinal en su mayoría, tiene ahora a cerca de 50 alcaldes, la mayoría de ellos afectados por los vertidos, también en contra en lo que el alcalde de Villavieja de Yeltes, Jorge Rodríguez, calificó como “Asociación de alcaldes”. Incluso desde la propia Diputación de Salamanca se ha enviado hoy un comunicado en el que asegura que no expropiará terrenos para la variante de la carretera.

Pero es que el asunto también trascende más allá de lo político -en el que Equo/Ganemos, vía Stop Uranio juega sus bazas-, y da un paso al terreno judicial. Los frentes en los tribunales se le amplían a la empresa australiana la que, por cierto, aún no ha explicado con profundidad qué intereses le mueven para poner en marcha este proyecto, del que en su día salió huyendo Enusa -quien de uranio y explotaciones sabe mucho-. Se le abren frentes judiciales tanto por parte de las asociaciones ecologistas como también por parte de los ayuntamientos. Como es en este caso el de Villavieja quien a presentado recurso de alzada contra las decisiones de la Comisión de Fomento de la Junta respecto a la variante de la carretera de Retortillo para crear un vertedero.

Una escombrera que necesita para su acceso una nueva variante porque la misma invade tramos de la actual carretera y, además, terrenos privados de aprovechamiento agrícola y ganadero y que, según comentó el representante de los afectados, están “completamente en contra del proyecto de mina como también decimos que no hemos vendido ni vamos a vender terreno alguno para construir esta variante”.

De otra parte, Stop Uranio y Equo han llevado a los tribunales por presuntos delitos al anterior alcalde de Retortillo -dimitido hace apenas unos meses porque no contaba con los apoyos de sus compañeros socialistas-, quien, según explican desde estas formaciones ecologistas, un familiar directo vendió terrenos a Berkeley “por un precio superior al del mercado” y, de paso, este ex alcalde no se oponía a la construcción de la mina. Y estas actuaciones levantaron sospechas. Junto a él, también tienen presentadas querellas por supuestos delitos parecidos dos concejales del PP de Retortillo.

Además, existen defectos en la Declaración de Impacto Ambiental y, que ha motivado que los informes del Ministerio fueran defectuosos, que es lo que ahora investiga también la Audiencia Nacional. En resumen, como apuntó José Sarrión, procurador de IU/Equo, “algo huele a podrido en Retortillo y Berkeley”.

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