La Delegación del Gobierno niega instrucciones de Maillo contra Valdeón

El positivo de la ex vicepresidenta de la Junta de Castilla y León vuelve a la palestra

Rosa Valdeón

Continúa la polémica en relación al incidente de tráfico en el que se vio involucrada la, por entonces, vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón.

El incidente se produjo el pasado 9 de septiembre de 2016 después de  que la ex alcaldesa de Zamora regresara a su ciudad en su Volvo tras llevar a sus hijos al aeropuerto de Barajas, en la capital de España.

Aproximadamente a las 19:00 horas una maniobra en el adelantamiento de un camión iba a cambiar la vida de Rosa Valdeón para siempre tras rozar al vehículo de grandes dimensiones y seguir conduciendo ajena a lo ocurrido.

Una hora y media más tarde, la Guardia Civil ordenó parar a la zamorana a la altura de Morales de Toro y tras dar positivo en la pertinente prueba de alcoholemia con 0,77 miligramos por litro sería condenada cuatro meses más tarde tras un error que la obligaría a presentar su renuncia como vicepresidenta de la institución regional.

El tema vuelve a la palestra tras la publicación este fin de semana de una entrevista en El Mundo, en la que Valdeón acusa a Fernando Martínez Maíllo de avisar a los medios con las siguientes palabras: “Fueron órdenes implícitas de Fernando Martínez-Maíllo. Él llamó a los medios para dar una versión absolutamente falsa de que iba a 170. Él telefoneó personalmente a algunos medios; a otros llamó el subdelegado de aquí, que es un hombre suyo… Maíllo es una persona muy autoritaria, impone, se cobra las cosas, se venga. Para él, el fin justifica los medios”.

Además, la ex vicepresidenta de la Junta da su versión de lo ocurrido en la entrevista asegurando que: La Guardia Civil no me para hasta Morales [el atestado recoge que el conductor del camión llamó dando la matrícula]. Allí se juntaron patrullas de cuatro comandancias distintas, cuatro [de Tordesillas, Toro, Zamora y Arévalo]. Acudieron recibiendo órdenes superiores, vía Ministerio del Interior o vía Partido Popular, a través de Maíllo.

Tras estas palabras, la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha emitido un comunicado asegurando que “se ve en la obligación de defender el trabajo imparcial, independiente y minucioso que la Guardia Civil lleva a cabo, siempre con el objetivo de preservar la seguridad vial y buscando la protección de los ciudadanos”.

Además desde la Delegación apuntan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son las instituciones más valoradas por los españoles y lo son por su trabajo siempre ejemplar y abnegado, al servicio del interés público y de los ciudadanos. La Guardia Civil es una institución modélica que se rige por su rigurosa imparcialidad y por el seguimiento más escrupuloso de sus normas internas y de sus protocolos de actuación, y siempre con el respeto más absoluto a la legalidad vigente.

Apuntillan que en este caso, la Guardia Civil actuó exactamente igual que lo hubiera hecho con cualquier otro ciudadano que hubiese estado involucrado en un accidente de tráfico.

La Delegación matiza que los hechos acontecieron en varias provincias, siendo ésta la razón que hizo necesaria la participación de varios agentes del benemérito cuerpo procedentes de distintos subsectores de tráfico, propiciando la intervención de la patrulla de Valladolid, del equipo de atestados de Zamora y del equipo de atestados de Arévalo.

Aseguran que  toda la intervención se hizo cumpliendo los protocolos habituales, sin recibir órdenes que procedan de nadie ajeno a su propia estructura de mando, es decir, ni del Ministerio del Interior ni del Partido Popular. Las reglas que rigieron su actuación fueron absolutamente respetuosas con los derechos fundamentales, dotando al procedimiento de las debidas garantías, sin injerencias de ninguna clase, que pudieran alterar su exquisita imparcialidad.

Y reitera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en general, y la Guardia civil, en particular, cumplen siempre con los protocolos de actuación en el marco estricto de la legalidad vigente, en aras del servicio público y de las garantías constitucionales que amparan a todos los ciudadanos. Y su labor no puede ser puesta en tela de juicio, debiendo permanecer ajena, en todo caso, a la dialéctica política.

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