Reclaman un periodo transitorio de 50 años para la minería

La Junta y el Consejo Social Europeo pretenden revertir así el límite que la Comisión Europea ha fijado en 2018 para el cese de las ayudas al sector

Dumitru Fornea en su encuentro con Pilar del Olmo. (Foto: Europa Press).

El Consejo Económico y Social europeo y la Junta de Castilla y León han formalizado hoy su alianza para intentar garantizar el futuro de la minería. El objetivo es trabajar conjuntamente con el Gobierno español y los de otros países con el propósito de arrancar de Bruselas un compromiso para establecer un periodo transitorio de 50 años para la minería del carbón y revertir así el negro panorama que supone el acuerdo de la Comisión Europea que fija en 2018 el límite para las ayudas al sector.

Se trata de un objetivo compartido por el CES europeo y el Ejecutivo regional, tal y como se ha puesto hoy de manifiesto minutos antes de que el presidente de la primera de ambas instituciones, Dumitru Fornea, presentara en la sede del CES de Castilla y León, en Valladolid, el dictamen elaborado por el Comité Económico y Social Europeo ‘Los recursos autóctonos del carbón en la transición energética de la UE’.

Dicho dictamen, que aseguran compartir punto por punto Fornea y la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, entra en clara colisión con la decisión 787 adoptada en 2010 de la Comisión Europea que obliga al cierre de las minas de carbón no competitivas a partir de 2018 y, además, estipula la devolución de las ayudas por parte de aquellas empresas que decidan seguir con su actividad.

En este sentido, Fornea, en declaraciones recogidas por Europa Press, confiesa que cualquier solución al sector llega “ya tarde desde el punto de vista sindical” pero, sin embargo, apunta que todavía hay tiempo para impulsar una planificación a medio siglo vista que permita una desaparición paulatina de la minería del carbón y su sustitución por otras fuentes energéticas y, paralelamente, otras actividades alternativas que eviten el colapso económico de las comarcas mineras.

“El carbón es un recurso finito y se tiene que hacer algo en el futuro, y para ello es necesario un diálogo político, social y cívico para decidir qué va a pasar con esas comarcas afectadas cuando este recurso vaya cada vez a menos”, sostiene el presidente del CES europeo, quien recuerda que en esta situación no sólo se encuentra Castilla y León sino otros países como Alemania, Rumanía, República Checa o Polonia.

Financiación

Fornea recuerda que 2018 es la fecha en la que terminan las ayudas al sector y urge tomar decisiones, algo que afecta a los gobiernos central, regional y de otros países que, como así critica, “hasta ahora han estado callados pero ha llegado el momento de defender los intereses de estas comarcas”, y es ahí donde plantea la firma de un convenio entre gobiernos y Bruselas en el que queden plasmadas líneas de financiación para lograr esa transición energética y buscar una solución a los cerca de 4.000 trabajadores que aún mantiene el sector.

“Es preciso un presupuesto plurianual, pues no puedes pagar en un año lo que se necesita para veinte. Es necesaria una estrategia para salir de este perfil monoindustrial hacia una fórmula de desarrollo más compleja pero con más oportunidades para esas comarcas”, resume Dumitru Fornea.

Acuerdos de París

En la misma línea, la titular de Economía y Hacienda castellanoleonesa, Pilar del Olmo, considera de vital importancia el dictamen del Comité Económico y Social Europeo por cuanto que el mismo se convierte en aliado de Castilla y León a la hora de plantear la subsistencia de la minería del carbón por espacio de otros cincuenta años, “lo que permitiría un periodo transitorio para dar margen a la puesta en marcha de otras actividades alternativas al monocultivo industrial existente en Palencia y León”.

Por ello, Del Olmo advierte de que la Junta no se mantendrá parada y, además del ya aprobado Plan de Dinamización de Municipios Mineros, se ha mostrado favorable a hacer causa común con el CES europeo y llevar a Bruselas, con el apoyo del Gobierno de España, la petición de ese periodo transitorio que “es asimismo plenamente compatible con el Acuerdo de París” en materia de reducción de las emisiones de CO2.

“Es cierto que cuando pase un tiempo la minería, por su carácter contaminante y las emisiones, tendrá que desaparecer, pero estamos hablando de cincuenta años, un periodo mucho más largo del que nos planteó en 2010 el comisario Almunia que situaba en 2018 el límite para las ayudas al sector y que es una losa que tenemos ahí”, lamenta la consejera, quien por ello considera que la “clave” está en revertir esa situación y espera que con la ayuda del CES europeo y del Gobierno español se consiga arrancar de Bruselas un régimen transitorio.

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