Sueldos “clandestinos” en la Junta de Castilla y León

No es la primera vez que abordo el tema de las “bufandas”, como se conoce popularmente a las gratificaciones extraordinarias que reciben “algunos” empleados públicos por trabajos realizados fuera de la jornada laboral, aunque muchos las hayan cobrado por tareas llevadas a cabo dentro del horario de la jornada laboral ordinaria.

Estas cantidades desorbitadas, son asignadas, no sólo a conductores o secretarias, como vienen recogiendo los diferentes medios de comunicación, sino a altos cargos de la Junta de Castilla y León, desde directores generales o asesores, la gran mayoría de ellos, nombrados a dedo. Si bien es cierto que esta práctica en principio podría ser legal, no es menos cierto que el abuso de la misma es poco ético, menos aconsejable y nada edificante. La Ley recoge que los empleados públicos podrán recibir gratificaciones por servicios extraordinarios, pero también refiere que tendrán carácter excepcional y obliga a que sean de conocimiento público, en especial de los representantes sindicales.

Sorprende que la Junta de Castilla y León que presume de transparencia lleve este tema con total opacidad, denegando sistemáticamente esta documentación a sindicatos y oposición, interponiendo todo tipo de trabas y argucias con visos de legalidad, con el único fin de obstaculizar y dificultar el acceso a dicha documentación, con informes contaminados alegando la confidencialidad de datos o asegurando que los documentos que se solicitan no deberían de existir. La Consejera de Hacienda Pilar del Olmo ha llegado al patetismo máximo de la política solicitando a los procuradores de la oposición que se declare secreto el contenido de los documentos además de asegurar que no debían de existir.

El procurador socialista Pedro González, lleva denunciando incansablemente, junto con los sindicatos la falta de información sobre este tipo de asignaciones, aunque ahora, no sin dificultad, ha podido aportar algunos datos relativos al año 2014,  desvelando algo que se intuía y que pudiera llegar a ser constitutivo de delito por asignarse estas cantidades con carácter continuado y sostenido en el tiempo y con cuantías fijas y periódicas, lo que dista mucho del concepto extraordinario al que se refiere la Ley. Ya en el año 2014 se denunció que la Junta había pagado más de de 6,1 millones de euros entre el 2010 y la mitad del 2011 y 355.697 euros en diciembre del 2013 al grupo de selectos empleados públicos. Incluso recuerdo denuncias sobre algunas gratificaciones que fueron cobradas por personas que estaban de baja por maternidad.

Se han asignado gratificaciones de forma perversa y sin criterios objetivos, discriminando a la inmensa mayoría de empleados públicos, muchos de ellos con capacidades muy superiores a los beneficiarios privilegiados. Es de un cinismo y una desvergüenza absoluta querer ser tan generoso con el dinero de todos. Las bufandas solo sirven como instrumento para premiar obediencias, silencios y condicionar voluntades entre los trabajadores, limitando su libertad e independencia. Estos pagos “clandestinos” no se pueden mantener en ningún caso  y más cuando se  están aplicando políticas restrictivas en áreas como la educación, la sanidad, las pensiones, etc., y se pide austeridad para el resto de empleados públicos y del conjunto de la sociedad castellano leonesa, a los que desde hace mucho tiempo ya se viene exigiendo un sobre esfuerzo muy importante por la situación económica que atraviesa el país.

Si realmente la Junta tiene problemas con el horario, tiene suficiente capacidad para organizar la jornada laboral de estos trabajadores compensando con descansos, redistribución de efectivos, ampliación de plantilla, etc., pero sin necesidad de dilapidar el dinero público de forma tan desvergonzada. Lo triste de todo es que al final será un caso más de judicialización de la actividad política y serán los tribunales los que digan la última palabra ante la incapacidad política de la Junta.

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