Castilla y León, a la cola de inversión en infraestructuras

Castilla y León se encuentra en la cola de las Comunidades autónomas en inversión en infraestructuras en relación a su tamaño y población, tan sólo por detrás de Andalucía y Extremadura según el análisis efectuado por la Cámara de Contratistas sobre la inversión realizada en la región por las administraciones públicas en el periodo 2011 y 2015.

Este estudio, que tiene en cuenta el número de habitantes y superficie de cada comunidad, pone de manifiesto que el ratio de inversión en Castilla y León por cada millón de habitantes y kilómetro cuadrado es de 4.114 euros, sólo por encima de Andalucía (2.020 euros) y Castilla-La mancha (1.898 euros).

El informe pone de manifiesto además que ese ratio de inversión pública en Castilla y León se sitúa muy alejado de la media de las comunidades autónomas, que se eleva a 21.606 euros.

No obstante, estos 4.114 euros de inversión por cada millón de habitantes y kilómetro cuadrado supone una inversión de 386 euros por cada castellanoleonés, la tercera cifra más elevada tras los 520 euros del País Vasco y los 389 euros de Galicia, además de que está por encima de la media nacional que es de 250 euros.

En cuanto a la inversión por kilómetro cuadrado, en el caso de Castilla y León es de 101.69 euros, por debajo de la media nacional, que es de 37.020 euros, y en cuarta posición por abajo tan sólo por detrás de Aragón, Extremadura y Castilla La Mancha.

Asimismo, el análisis de la Cámara de Contratistas tiene en cuenta la inversión pública total que se realizó en Castilla y León en el periodo 2011-2015 y que fue de 4.770 millones de euros, lo que la sitúa en el quinto lugar, por detrás de Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco.

A juicio de la Cámara de Contratistas, estos datos reflejan que no se está manteniendo un “adecuado nivel de inversión” en infraestructuras “a pesar de ser uno de los pilares básicos” del desarrollo económico, dado que son fundamentales para asegurar la competitividad de Castilla y León y para garantizar el bienestar de sus habitantes.

Por ello, ha reclamado a la administración autonómica “un papel más activo” para apoyar y defender un incremento en el nivel de inversión en infraestructuras en Castilla y León que permita situar a la región en la media nacional.

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