La Junta fortalece el cooperativismo en el sector agrario y ganadero

El nuevo decreto aprobado permite concentrar la oferta y mejorar la posición del producto

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este jueves el decreto por el que se mejorará la dimensión de las cooperativas agroalimentarias, convirtiéndose en una de las claves de la Plataforma de Competitividad Productiva agroalimentaria que favorecerá tanto a las cooperativas como a sus socios.

La figura de la cooperativa agroalimentaria está muy arraigada en Castilla y León donde se ubican el 11% de las existentes en España. La Comunidad cuenta con 617 cooperativas, de las cuales 579 son de primer grado y 38 de segundo. El cooperativismo regional en su conjunto presenta una facturación total de unos 2.400 millones de euros y agrupa aproximadamente a 77.000 socios (unas 40.000 explotaciones agrarias), dando empleo a más de 2.100 trabajadores.

No obstante, existe una gran descompensación entre unas cooperativas y otras, teniendo en cuenta el criterio de facturación. Así, la facturación total de las primeras veinte cooperativas asciende a 1.300 millones de euros, lo que supone el 53% de la facturación total del sector cooperativo agrario en la Comunidad y evidencia la necesidad de reforzar su dimensionamiento.

Con el decreto que se ha aprobado hoy, las cooperativas agroalimentarias de primer y segundo grado, las sociedades agrarias de transformación y las organizaciones de productores con domicilio social y fiscal en Castilla y León pueden ser reconocidas Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias de carácter autonómico si cumplen los requisitos que establece la norma aprobada por el Ejecutivo Autonómico. Del mismo modo, sus socios pueden ser reconocidos como socios prioritarios.

Requisitos

Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) y organizaciones de productores pueden alcanzar el estatus de entidades asociativas agroalimentarias prioritarias por sí solas o a través de acuerdos asociativos. Los requisitos de carácter general referidos a la capacidad directiva de sus dirigentes, a la titulación de su personal técnico y a la formación que debe recibir su consejo rector, se refuerzan con requerimientos sobre el volumen de negocio y el número de socios que se pueden alcanzar de forma individual o gracias a acuerdos intercooperativos.

Así, de forma individual, las cooperativas y SAT con un volumen de negocios o ventas anuales superiores a veinte millones de euros y con un número de socios superior a quinientos pueden ser reconocidas como prioritarias.

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