Sacyl “no ahorró” 370.000€ por integrar trabajadores no sanitarios al HUBU

Así lo ha asegurado Esperanza Vázquez

Esperanza Vázquez ha declarado en la Comisión de Investigación del HUBU.

La ex directora general de Recursos Humanos de Sacyl, Esperanza Vázquez, ha calificado de “no ahorro” los 370.000 euros que abona anualmente la Junta como consecuencia de la integración de 126 trabajadores no sanitarios interinos y eventuales en la concesionaria del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) de un total de 262 empleados del General Yagüe de servicios no sanitarios que se subrogaron a la empresa.

Vázquez se ha expresado así en el marco de la Comisión de Investigación sobre los sobrecostes en el HUBU de las Cortes en la que ha comparecido este lunes, en la que ha explicado los informes del departamento que dirigía solicitados tras la petición de la concesionaria del HUBU de un reequelibrio anual por el sobrecoste que le suponían los trabajadores de los servicios de limpieza, mantenimiento, restauración y lavandería.

La ex directora general de Recursos Humanos ha concretado que la concesionaria inicialmente solicitó una cuantía de más de dos millones de euros porque pretendía incluir a trabajadores de los hospitales Divino Vallés y Militar de Burgos, por lo que distaba bastante la cantidad de lo que analizó Sacyl en su momento, que eran los 262 trabajadores de estos servicios no sanitarios que pertenecían al General Yagüe.

Así, se hizo un estudio “exhaustivo” de los convenios laborales de estos servicios y se detectó que había una diferencia importante en cuanto a coste laboral entre lo que pagaba Sacyl y los convenios que iba d ellos 2.186.000 euros que abonaba la Junta a estos trabajadores a los 1,81 millones que percibirían según convenio, aproximadamente 370.000 euros. Sin embargo, la reclamación de la empresa en ese momento, en enero de 2014, era de 482.393 euros.

Esto se refiere a personal eventual e interino, ya que la Junta desde el principio asumió el pago de aquellos trabajadores fijos, estatutarios, que estaban sometidos a las condiciones laborales de la Junta.

Vázquez ha añadido que la decisión de la Administración y la diferencia de costes tiene que ver también con el mantenimiento de las condiciones de los trabajadores y aspectos como la jornada distinta a la regulación laboral, vacaciones o retribución de variables, entre otras cuestiones, que se han mantenido.

Acuerdo sindical

Esperanza Vázquez considera que la Junta de Castilla y León ha cumplido con lo acordado una vez que se detectó que los 262 trabajadores que dependían de Sacyl iban a “perder bastante” y por eso en abril de 2010 se iniciaron conversaciones con sindicatos que se prolongaron durante seis meses y que derivaron en un acuerdo aprobado por unanimidad en el que se incluyó la creación de una Comisión de Seguimiento y un interlocutor con la concesionaria.

La que fuera responsable de Recursos Humanos en Sacyl durante ocho años ha señalado que el acuerdo fue “cabal” y se produjo en el “mejor marco posible” y ha agradecido a los sindicatos el trabajo de negociación que hicieron sin crear polémica.

Vázquez ha tratado de aclarar algunas de las dudas surgidas por los grupos parlamentarios como el Socialista, cuyo procurador Luis Briones veía “bandazos” y cambios de opinión importantes entre los dos informes que realizó Recursos Humanos.

Por su parte, el procurador del Grupo Mixto, José Sarrión, ha expresado su preocupación por el hecho de que los trabajadores puedan verse afectados en el futuro por la permisividad de la legislación a la hora de un despido o un cambio en las condiciones de trabajo.

La procuradora de Podemos Laura Domínguez ha expresado dudas por el personal con el que cuenta el nuevo Hospital, 48 personas más (3.041 frente a 3.089 del General Yagüe), a pesar de ser casi el triple de espacio y el doble de asistencia la que se presta. A este respecto, Vázquez ha recordado que el pliego de condiciones de la concesionaria obliga a mantener el personal suficiente para prestar los servicios sanitarios en los mismos baremos de calidad e incluso a sustituir vacaciones y posible absentismo.

Por su parte, el procurador del PP Ángel Ibáñez ha destacado que se hayan puesto los intereses de los trabajadores por delante de los económicos a pesar de las críticas del PSOE, que considera que al final la Junta paga sobrecostes cuando se solicita una modificación o un reequelibrio.

El ‘popular’ además cree que se ha conseguido estabilidad en el empleo, el mantenimiento de las condiciones y todo ello mediante un diálogo con los sindicatos y los trabajadores.

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