La Junta debe a los remolacheros 30 millones en ayudas

La Alianza exige a Agricultura que abone las ayudas anuladas en 2011 tras la sentencia del TSJ

Representantes de la Alianza en rueda de prensa. (Foto: Europa Press).

La Junta deberá abonar a los remolacheros 30 millones de euros por las ayudas anuladas en 2011 y que ahora la Consejería de Agricultura y Ganadería está obligada a pagar después de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Los responsables de la Alianza UPA-COAG, Aurelio González y Aurelio Pérez, respectivamente, han exigido a la Junta que pague a 5.315 cultivadores de remolacha por la ayuda de 3 euros por tonelada que convocó para la campaña 2011/2012 a través de la PAC pero que luego dejó sin efecto mediante una Orden publicada en 2012.

Los dirigentes de UPA y COAG han realizado esta exigencia tras conocer la sentencia del TSJCyL que da la razón a las OPA en su litigio con la Consejería de Agricultura por la anulación de estas ayudas que estaban comprometidas en el ‘Acuerdo de competitividad del sector remolachero’ y que sí abonó en las dos primeras campañas pero que dejó sin efecto a partir de la tercera y hasta la quinta, que era el periodo comprometido en ese plan suscrito con la industria para garantizar la viabilidad del sector.

Según han aclarado, la sentencia del TSJCyL, que no es firme, da “garantía de cobro” de las ayudas convocadas y tramitadas a través de la PAC en la campaña 2011/2012 con la duda de lo que ocurrirá en el caso de las ayudas de las otras dos campañas que no se convocaron si bien en la de 2012/2013 sí se pudieron tramitar a través de la PAC. “Tendríamos que haber recurrido la convocatoria de la PAC”, han asumido al respecto.

González y Pérez se han mostrado convencidos de que la sentencia del TSJCyL abre la puerta a que los cultivadores de remolacha de Castilla y León cobren los 30 millones de euros (10 millones por campaña) que tendría que haber abonado la Consejería por esa ayuda de 3 euros por tonelada por lo que han apelado a un gesto de “buena voluntad” por parte del departamento que dirige Milagros Marcos para que no “enrede” y pague.

Los sindicalistas han apelado al “derecho moral” de los remolacheros a cobrar esas ayudas de una manera “rápida y ágil” que, en su opinión, deberían ir acompañadas del pago de los correspondientes intereses, un aspecto al que no se refiere la sentencia del TSJCyL y para el que han pedido una aclaración.

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