La contratación pública favorecerá la inserción laboral de colectivos vulnerables

El Consejo de Gobierno actualiza el acuerdo de 2012 y aprueba las nuevas directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad

La administración autonómica quiere dar ejemplo y por eso la contratación pública favorecerá la inserción laboral de colectivos vulnerables y las personas con algún tipo de discapacidad. Así lo ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, que ha actualizado el acuerdo de 2012 de cláusulas sociales en la contratación, que lleva a la Junta a avanzar en la construcción de una contratación pública socialmente más responsable.

La novedad más destacada del nuevo Acuerdo son los proyectos de inserción socio-laboral, entendidos como actuaciones para fomentar la contratación de personas en situación o en riesgo de exclusión social. Estos proyectos permitirán a las empresas ordinarias incorporar a trabajadores de colectivos desfavorecidos, para lo que se ha dispuesto de una cuantía objetivo de un millón de euros.

El nuevo Acuerdo y sus directrices vinculantes impulsan de esta forma la incorporación de aspectos sociales en la contratación que desarrolle la Administración General e institucional de la Comunidad a través de tres instrumentos bien definidos: cláusulas sociales, reserva de contratos y proyectos de inserción socio-laboral.

Cláusulas sociales para el acceso a las pymes

El Acuerdo establece la incorporación de cláusulas sociales en las distintas fases de la contratación pública que primen, a la hora de adjudicar un contrato, a aquellas empresas con una visión más social, a aquellas que incorporen medidas sociales que redunden en el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, el fomento de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral en las empresas.

El Acuerdo será aplicable con carácter vinculante a toda la contratación desarrollada por la Administración General e Institucional de la Comunidad, incluido el sistema de adquisición centralizada siempre y cuando los costes adicionales que supongan los aspectos sociales que se incorporen a los contratos derivados como condición de ejecución sean asumibles dentro de los precios máximos de los catálogos de homologación.

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