Regeneración democrática y participación marcan el nuevo Estatuto del Alto Cargo

El consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley que regula a los altos responsables de la administración

Rosa Valdeón y José Antonio de Santiago-Juárez.

La Junta ha dado hoy el visto bueno al proyecto de Ley que regula el nuevo Estatuto de los Altos Cargos de la Administración, en el que tienen un papel importante las medidas relacionadas con regeneración democrática y participación ciudadana, con el objetivo de buscar una mayor eficiencia, austeridad y un aumento del control de la actividad de los responsables públicos.

Este nuevo estatuto es uno de los compromisos de legislatura que el PP selló con Ciudadanos y tiene relación también con el apartado de regeneración suscrito con los grupos parlamentarios Ciudadanos, Podemos Castilla y León, Popular y Socialista en el mes de julio del pasado año. Además, se completa el acuerdo alcanzado con los sindicatos para la modernización de la función pública.

Se establece que la entrada en vigor de la ley será en el plazo de un mes a partir de la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León. Este expediente ha sido expuesto a participación ciudadana en el Portal de Gobierno Abierto y ha sido presentado, en lo referente a los funcionarios, a la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos y al Consejo de Función Pública. Asimismo, se solicitó el Dictamen del Consejo Consultivo que no ha formulado ninguna observación sustantiva.

Regeneración democrática

La nueva norma impide que pueda ser alto cargo quien haya sido condenado por sentencia firme o tenga abierto juicio oral por delitos contra la Administración Pública ni quien haya sido sancionado con el cese por infracción administrativa cometida en el ejercicio de sus funciones, también deberá estar al corriente de las obligaciones tributarias -presentarán ante la Inspección General de Servicios toda la documentación que así lo corrobore-.

Una de las principales medidas incluidas en el proyecto de ley es la limitación de mandatos, no podrá exceder de ocho años la permanencia de la misma persona en la presidencia de la Junta y de las instituciones propias ni en el cargo de consejero del mismo departamento.

Por primera vez, se prohíben expresamente las denominadas “puertas giratorias” estableciéndose limitaciones para el desarrollo de actividades privadas tras el cese, ampliando y completando el régimen que ahora está previsto sólo en el Código Ético y de Austeridad.  A partir de ahora, el cese o despido de un alto cargo conllevará unas limitaciones que se prolongan durante dos años. De este modo, los altos cargos no podrán prestar servicios en entidades privadas de un sector en el que no tuvieran experiencia profesional previa a su nombramiento y sobre el que hubieran tenido responsabilidades durante el ejercicio de sus funciones. Y será obligatorio comunicar a la Inspección General de Servicios, con carácter previo a su inicio, las actividades privadas que pretendan desarrollar.

En cuanto a la actividad electoral, la norma modifica la ley electoral para impedir la acumulación de puestos de carácter electivo haciendo incompatible la condición de presidente de Diputación y la de alcalde o concejal de municipios de más de 20.000 habitantes con la de procurador en las Cortes de Castilla y León. Así como para exigir la celebración de dos debates entre candidatos a la Presidencia de la Junta durante la campaña electoral organizados por una comisión de profesionales del periodismo en Castilla y León.

Participación Ciudadana

Para contribuir a acercar las decisiones políticas al ciudadano, favoreciendo una sociedad más participativa, el reglamento aprobado hoy modifica la Ley de Gobierno para regular los Consejos de Dirección de las consejerías, y exige que periódicamente se celebren fuera de su sede, abiertos a los medios y reservando un tiempo para sugerencias y propuestas de los ciudadanos -medida que lleva realizándose en diversas provincias de la Comunidad desde el principio de la Legislatura-.

El proyecto de ley también dispone que los titulares de cada una de las consejerías, una vez finalizado el segundo año de legislatura, están obligados a comparecer ante las Cortes de Castilla y León, para informar del grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento.

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