El caso “Perla Negra” contará con 18 meses de instrucción

Ha sido declarado "causa compleja" y no se verá afectado por la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Perla Negra, sobrecostes, edificio de ADE.
La Perla Negra y los presuntos sobrecostes, siguen dando que hablar. Fotografía: Europa Press.

El caso de ‘La Perla Negra’ sobre supuesto cobro de comisiones en el arrendamiento y compra del edificio de la ADE en Arroyo de la Encomienda y la adquisición de terrenos para el parque empresarial de Portillo no se verá afectado por la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto de la limitación de plazos en la instrucción de procesos penales, dado que el mismo ha sido declarado causa “compleja” y por tanto cuenta inicialmente con un plazo de instrucción de al menos dieciocho meses.

Dicha declaración, tal y como ha desvelado hoy la Fiscal Superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, en declaraciones recogidas por Europa Press, permitirá prorrogar su fase de instrucción, evitando así los límites que la nueva reforma impone y que fija en el inminente horizonte del día 6 de junio el tope para la práctica de pruebas en aquellos procedimientos que hasta entonces continúen bajo el epígrafe de “sencillos”.

De hecho, el caso de ‘La Perla Negra’ fue declarado como “causa compleja” por la Fiscalía de Valladolid el mismo día de la entrada en vigor de la nueva reforma introducida por el artículo 324 de la LEcrim, el día 6 de diciembre de 2015, y que estipula fases de instrucción de seis meses para las causas “sencillas” y de dieciocho para las “complejas”, prorrogables en ambos casos a instancias de la acusación pública.

Al igual que la supuesta trama urdida en la doble operación urbanística en Arroyo y Portillo, con una veintena de investigados por parte del Juzgado de Instrucción 2, entre cargos y exaltos cargos de la Junta y empresarios de la construcción, otra veintena de procedimientos en Valladolid ha recibido idéntica calificación, entre ellos el ‘Caso Samaniego’ y el ‘Caso Asaja’, por lo que, al menos, la fase de instrucción está asegurada por espacio de dieciocho meses, prorrogables.

En este sentido, la Fiscal Superior de Castilla y León no ha dudado al calificar de “modélica” la actuación de la Fiscalía vallisoletana en la forma de abordar el artículo 324 de la LECrim, pues el mismo “afecta al trabajo ordinario de los fiscales, ya de por sí saturados, en la revisión de las causas”, a los que, como así ha subrayado, la nueva modificación atribuye dicha responsabilidad.

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