UGT denuncia que las cárceles están condenadas “al desastre absoluto”

El sindicato ha denunciado una falta acuciante de trabajadores en los centros penitenciarios de la Comunidad

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Carmen Ámez, Ovidio Martínez y Jesús Otín

Ocho centros penitenciarios de Castilla León presentan un déficit de, entre 200 y 250 trabajadores entres funcionarios y personal laboral, para llegar a un estándar de calidad ha asegurado la Unión General de Trabajadores (UGT) que además ha advertido de la elevada media de edad de estos empleados, ya que un 41 de los mismos tiene entre 55 y 56 años.

El sindicato ha puesto de manifiesto estos datos en una rueda de prensa en la que ha advertido de la falta de recursos humanos en los centros penitenciarios de todo el país; ha criticado la privatización de la seguridad exterior de los centros penitenciarios, un gasto que consideran innecesario; y ha incidido en un deterioro de la imagen social y profesional de los trabajadores penitenciarios.

Así lo han expresado el responsable federal del Sindicato de Prisiones de UGT, Jesús Otín; el secretario regional de Administración General del Estado del sindicato, Ovidio Martínez; y la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla y León, Carmen Ámez, quien ha concretado que actualmente en la Comunidad hay unos 2.000 funcionarios y cerca de 200 laborales en ocho centros penitenciarios en los que hay 5.420 internos.

En el conjunto del Estado, Jesús Otín ha asegurado que se han perdido entre 1.500 y 1.600 trabajadores, dado que frente a 1.200 bajas que se han producido y el déficit de plantilla que se presenta sólo se han convocado 400 plazas en los últimos cuatro años y hay previstas 538 en la Oferta Pública de Empleo de 2016.

Por eso, ha criticado la pérdida de un empleo público y de calidad al haber una inacción por parte del Gobierno y una falta de diagnóstico de las necesidades de los centros, que demandan. Asimismo, Otín ha afirmado que “nunca en la historia de Instituciones Penitenciarias ha habido una gestión tan nefasta y que ha hecho tanto daño” por decisiones “erróneas” e “inacción”.

En el caso de Castilla y León, las necesidades ascienden a entre 200 y 250 trabajadores sin contar los 350 que habría que destinar al nuevo centro penitenciario de Soria, que han criticado los once millones de inversión en estas instalaciones, ya terminadas pero que no se utilizan y que cuestan un millón de euros al año de mantenimiento, mientras que 120 empleados trabajan en la antigua cárcel y se está a la espera de ver si se pone en marcha.

Esta situación se repite en diferentes centros penitenciarios de España como Málaga, Ceuta o Tenerife supone un coste adicional de once millones de euros.

Futuro nada halagüeño

Estas circunstancias, han advertido los responsables de UGT, hace vislumbrar un futuro “oscuro, negro y triste”, ha señalado Otín, mientras que Ovidio Martínez ha advertido de que el centro penitenciario de Castilla y León que tiene una situación “más acuciante” y “extrema” es el de Burgos.

El sindicato ha censurado la política que en general se ha llevado a cabo en materia de Instituciones Penitenciarias y ha advertido de que si no hay un nuevo gobierno y una nueva gestión se ven abocados “al desastre absoluto”, con una edad media de los trabajadores “muy elevada”, que sube de forma “descarnada”, de manera que un 40 por ciento de los empleados podrían acogerse en 2020 a la segunda actividad (se puede solicitar desde los 57 años y supone menor contacto con los presos).

Por otra parte, consideran que el Ejecutivo central se ha sacado “un as de la manga” para beneficiar a las empresas privadas y no contribuir a la seguridad mediante el encargo de la seguridad exterior a éstas, cuando lo hacía la Guardia Civil y no supone “nada”.

Otín ha criticado que se haya parcelado en cuatro áreas geográficas como una “tarta a repartir entre amiguitos”, aunque ha reconocido que lo ha hecho “de cara” porque el Gobierno ha justificado esta cuestión en la disminución del negocio en el País Vasco y la necesidad de garantizarlo.

Finalmente, el responsable del Sindicato de Prisiones de UGT ha pedido una mejora de la imagen pública de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias y que se aplique el protocolo contra la violencia en la Administración General del Estado a los trabajadores del sector.

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