8.000 beneficiarios más de la Red de Protección a las Familias

Tras la aprobación de un Decreto-Ley a través del que se permite compatibilizar prestaciones

La consejera de Familia de la Junta, Alicia García, ha comparecido tras el Consejo de Gobierno

Unas 8.000 personas más se beneficiarán de la Red de Protección a las Familias tras la aprobación de un Decreto-Ley a través del que se permite compatibilizar prestaciones, flexibilizar el acceso a las mismas y asegurar el pago de las cuantías al mes siguiente de su solicitud.

Así lo ha explicado la consejera de Familia de la Junta, Alicia García, que ha comparecido junto a la vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para detallar este Decreto de medidas extraordinarias a través del que se refuerza la Red y la cobertura de las necesidades de atención social a las personas.

Como ha detallado García la memoria económica que acompaña al Decreto establece que la repercusión de estas nuevas medidas pueden tener un impacto económico de 14 millones de euros para beneficiar a 8.000 personas más.

La consejera ha detallado que estas nuevas medidas tienen como objetivo “dar respuesta” a nuevas situaciones derivadas de la crisis con el fin de “garantizar” las necesidades básicas de los ciudadanos, por lo que ha defendido su aprobación por Decreto-Ley para que su aplicación sea “inmediata”, ya que, posteriormente estas nuevas líneas se incluirán en un Proyecto de Ley para que “perduren en el tiempo”.

Así, Alicia García ha recordado que las nuevas medidas responden a los compromisos alcanzados en el seno del Diálogo Social y a las recomendaciones del Procurador del Común sobre la necesidad de flexibilizar los presupuestos para el reconocimiento de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección.

Las nuevas medidas extraordinarias afectan a aquellas prestaciones de la Red dirigidas a atender necesidades de subsistencia, como la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, la prestación económica para necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social o la prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria.

El Decreto-Ley establece la ampliación de los supuestos de compatibilidad de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección con determinadas prestaciones públicas como las prestaciones por desempleo, subsidio de desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) u otras similares que normativamente se determinen, ya se perciban por el desempeño de una actividad laboral, se dirijan a favorecer la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social o se perciban derivadas de la atención a determinadas personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, se establece la compatibilidad de las prestaciones de la Red con otras prestaciones sociales que antes eran incompatibles, como la percepción de prestaciones por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo; las prestaciones por incapacidad temporal durante el desarrollo del trabajo, y aquellas prestaciones por hijo a cargo, en los casos en los que el sujeto causante sea el hijo.

Para esta compatibilidad habrá un máximo que, como ha explicado García, se puede fijar en torno a los 536 euros mensuales que es la media que cobran actualmente los beneficiarios.

A través de esta normativa se flexibiliza además el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a estas prestaciones fundamentalmente a través de modificaciones en las reglas de cómputo de ingresos, bienes muebles e inmuebles.

En aquellos casos en los que se tengan en cuenta los ingresos, para los autónomos se establece que cuando se tengan en cuenta los rendimientos del trabajo por cuenta propia para el reconocimiento de las prestaciones, y estos sean inferiores al 50 por ciento del importe de la base de cotización a la Seguridad Social, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe.

En los casos en los que se tenga en cuenta el patrimonio se exceptuarán del cómputo los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes; en el caso de bienes inmuebles urbanos, cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 euros, se computarán al 50 por ciento de dicho valor, y en los casos de copropiedad de un bien inmueble heredado, cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral de su parte sea inferior a dos anualidades del 80 por ciento del IPREM.

Las medidas incluidas en el Decreto-Ley mejoran el procedimiento, ya que se reconoce el nacimiento del derecho y consiguiente devengo de la prestación desde el mes siguiente a producirse la solicitud, en lugar de los tres meses actuales.

Al mismo tiempo, se reduce a un mes el periodo de suspensión de la prestación cuando no se renueve el alta como demandante de empleo.

Además, se fomenta la inserción laboral de los beneficiarios de estas prestaciones al facilitar la reanudación automática de su percepción una vez finalizada la actividad laboral cuando el beneficiario la tuviera suspendida por obtener ingresos de dicha actividad.

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