Colectivos de especial protección tendrán preferencia para acceder a viviendas desocupadas

El Pleno de las Cortes ha aprobado una PNL para regular el parque público de alquiler.

Cortes de Castilla y León.

El Pleno de las Cortes ha dado el visto bueno este miércoles a una proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular, que ha añadido algunas propuestas de PSOE y Podemos, para regular el parque público de alquiler desde una consideración de “servicio público de interés general” con una “reserva especial” de viviendas desocupadas con atención preferente a los colectivos de especial protección.

A través de esta PNL, propuesta por el PP para dar cumplimiento al acuerdo de marzo de 2015 del Consejo de Diálogo Social para transformar la política de alquiler y desarrollar el compromiso suscrito en abril de 2014 con el Ministerio de Fomento, se impulsará el acceso de personas y familias con menos ingresos a una vivienda en alquiler a través de subvenciones y otros instrumentos de fomento del alquiler en coordinación con las políticas del Gobierno de la nación y con cargo también a unos fondos propios “que ya están ahí”, en la convocatoria de 2016, según ha asegurado el proponente, Ángel Mariano Ibáñez.

En este sentido, el procurador del PP ha rechazado la propuesta de Podemos de articular programas autónomos y diferentes a los estatales ya que, según ha defendido Ibáñez, es “bueno” estar coordinados. No obstante, los ‘populares’ han sumado a su PNL una propuesta del grupo morado para dar más publicidad a las ayudas de alquiler y a los requisitos que se piden además de a otros aspectos como la forma de solicitarlas y la posibilidad de obtener información adicional y asesoramiento.

Ibáñez ha explicado que la Consejería de Fomento trabaja ya en el Decreto que definirá ese parque público de alquiler, su régimen jurídico y las obligaciones de las administraciones y sus organismos y entidades dependientes que sean titulares de vivienda para garantizar la coordinación y cooperación entre todas las partes, con las “dudas razonables” respecto a la sugerencia del PSOE de crear un Registro Público de Viviendas de Protección Pública en términos de transparencia y de operatividad.

Otra de las propuestas del PP apoyada también por los grupos pasa por la conveniencia de vincular el parque público de vivienda en alquiler al fomento de la rehabilitación y la regeneración urbana con prioridad para aquellas actuaciones de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana en las que las viviendas se destinen al alquiler o se integren en los parques públicos de alquiler.

En este sentido, el procurador José Ignacio Delgado se ha mostrado convencido de que un incentivo fiscal y financiero para rehabilitar las viviendas vacías que hay en el medio rural pondrá más casas en el mercado y ayudará a luchar contra la despoblación.

Delgado ha apostado por llegar “de una vez por todas” y “lo más rápido posible” a un pacto de Comunidad para que no pase el tiempo y todo siga igual en una cuestión que “no es baladí” y que ponga sobre la mesa soluciones “rápidas” para los más necesitados ante la actual realidad de numerosas viviendas vacías y ha reclamado a este respecto una “relación exacta y clarividente” de la relación de viviendas que tienen ayuntamientos, diputaciones y Junta.

Por parte del Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, de IU, ha dado un “sí crítico” a la PNL desde el reconocimiento de que responde a una “política correcta” de fomento de un parque público de viviendas en alquiler que controla los precios con un nivel de “cierta sensatez” con la sorpresa de que “llegue ahora” y tras el drama de los desahucios en estos años de crisis y de dificultades y a propuesta del Diálogo Social.

Dicho esto, ha advertido de que queda por saber cómo se va a regular por lo que ha asegurado que estará “enormemente atento” al cumplimiento de lo acordado.

En el mismo sentido se ha pronunciado Luis Mariano Santos, de UPL, quien ha recordado que él ya ha pedido un plan de las características propuestas ahora por el PP ante los “resultados insuficientes” de las políticas de la Junta, a lo que ha sumado la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos y en riesgo de exclusión social para que tengan una vivienda digna.

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