1.139 personas han necesitado ayuda pública para evitar el desahucio

Supone un 32% menos que en 2014, cuando el número de consultas fue de 1.696.

Parte de la Plataforma Stop Desahucios.

El Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio atendió en 2015 a 1.139 nuevos casos, lo que supone un descenso del 32,8 por ciento con respecto al número de atendidos en 2014, cuando se contabilizaron un total de 1.696 consultas.

Así lo ha detallado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha explicado los datos de este servicio junto al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para detallar que desde su puesta en marcha en noviembre 2012 se ha atendido a un total de 4.149 familias de las que ninguna ha sido finalmente desahuciada.

En este punto, la consejera de Familia ha destacado el objetivo de la Junta de elevar a rango de Ley tanto la Red de Protección como este Sistema Integral de Apoyo para incrementar su “garantía” y dotarle de “estabilidad”, así ha asegurado que desde el Ejecutivo regional ya se trabaja en un borrador de la normativa.

Según los datos facilitados por Alicia García todas las familias atendidas en este primer nivel de actuación han contado con asesoramiento y apoyo y se ha analizado su situación económica y social. Al 22,5 por ciento de estas familias también se les elaboró un Plan de Economía familiar.

El 83,3 por ciento de los casos concluidos a 31 de diciembre de 2015, 3.450 casos, se cerró con éxito en una solución viable a través de la interlocución con la entidad financiera y se ha finalizado el proceso. En el restante 16,7 por ciento de los casos, aun cuando no fue posible la reestructuración del préstamo o poner en marcha otra solución con la entidad financiera, se ha actuado desde otras medidas, generalmente de corte social que, en todo caso, impidieron que se produjeran desalojos forzosos y han evitado que estas situaciones se diesen en situación de desamparo para las familias.

De los 3.450 casos concluidos, 1.742 se cerraron sin necesidad de interlocución y 1.708 concluyeron con interlocución con las entidades financieras, con los siguientes resultados: la reestructuración viable de la deuda fue la solución mayoritaria, en casi en el 50 por ciento de los casos, y la minoritaria la dación en pago, sólo en el 7,3 por ciento de los casos cerrados.

Otros y variados acuerdos, como venta, suspensión de lanzamiento, retirada de demandas, reestructuración o carencia sin elevación a público mediante acuerdo privado, o supresión de cláusulas que permiten abonar la hipoteca, suman el 15,3 por ciento del total casos. En 203 casos se pudieron cerrar los expedientes de interlocución al producirse mejoras en las circunstancias económicas familiares que posibilitaron rehabilitar los préstamos y normalizar las situaciones.

García ha insistido en la “integralidad” de este Servicio, ya que en el caso de 902 familias los profesionales detectaron a través de la intervención otro tipo de necesidades en las familias, además de la propia de la vivienda por la que habían acudido al servicio, lo que ha posibilitado la generación de otro tipo de prestaciones, en total, 1.939.

Entre las prestaciones concedidas se encuentran 655 rentas garantizadas de ciudadanía, 44 servicios de vivienda, 487 servicios sociales-CEAS, 47 de sanidad, 184 de empleo, 174 con el tercer sector-ONG y 348 de justicia gratuita.

Respecto al perfil de las personas que han acudido al Servicio Integral desde su puesta en marcha, el 48,8 por ciento han sido hombres y 51,2 por ciento mujeres. En cuanto a edad, el 60 por ciento están en la franja de edad entre los 35 y los 55 años, mientras que la media de edad se encuentra en los 46 años. El 53,1 por ciento de las personas atendidas viven en pareja y, por nacionalidad, el 88 por ciento eran españoles y el resto de otras 49 nacionalidades diferentes, de ellos un 4,3 por ciento de países de la Unión Europea.

En cuanto al nivel de estudios, el 29 por ciento tiene estudios de ESO, FP y Bachillerato, el 5 por ciento cuenta con estudios universitarios y dos tercios de las personas atendidas cuenta con Graduado Escolar o inferior. La mitad de las familias atendidas residían en municipios de menos de 20.000 habitantes y en la mayoría de los casos atendidos se ha detectado la necesidad de reincorporación al mercado laboral.

Actuaciones

Por su parte, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha recordado que el área que dirige participa en el programa como “último recurso” para proporcionar una vivienda a las familias en riesgo de desahucio inminente, para ello, como ha destacado Suárez-Quiñones, se asigna de forma “inmediata” una de las viviendas incluidas en la “reserva de viviendas protegidas de titularidad pública”. Así, desde 2013 hasta la fecha se han tramitado 126 actuaciones de este tipo, con lo que se han tramitado todos los casos que se han planteado.

En la presentación de los resultados del programa Suárez-Quiñones ha recordado que en 2012 se paralizaron de forma cautelar los procesos de desahucio administrativo en relación al parque público de viviendas protegidas, integrado por unas 12.000 viviendas, con un porcentaje de morosidad del 15 por ciento.

El consejero ha destacado además que dadas las necesidades la Junta estableció medidas destinadas a facilitar el pago de las cuotas de compra y alquiler, mediante aplazamientos o reestructuración de deudas, reducción de precios de compra y alquiler, flexibilización de requisitos de acceso y la constitución de parques públicos de alquiler social para personas y familias incluidas en los colectivos de especial protección, previa valoración de los servicios sociales. Estas medidas han permitido atender las necesidades de 1.055 familias.

Por otro lado, El consejero ha destacado que, con el fin de que la “reserva de viviendas protegidas” cuente siempre con la disponibilidad adecuada para hacer frente a las necesidades que puedan surgir, en esta legislatura, en el marco del Programa de Vivienda Social en Castilla y León, se está promoviendo la incorporación a esta reserva de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria en manos de entidades financieras y de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria).

Además en octubre del pasado año se suscribió el primer convenio de colaboración con la SAREB, para la cesión de vivienda, destinada al alquiler asequible, por el que se incorporarán 100 viviendas, y en febrero de 2016 se realizó el primer contrato de cesión en usufructo de viviendas para su administración y gestión en alquiler accesible.

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