Los portavoces parlamentarios creen que el Estatuto es bueno pero mejorable

Los representantes de los cinco grupos parlamentarios han coincidido en valorar que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León es bueno pero mejorable de cara a su cuarta reforma.

El portavoz de IU, José Sarrión; el de Ciudadanos, David Castaño; el director de ABC José Luis Martín; el portavoz del PSOE Luis Tudanca; el del PP Carlos Fernández Carriedo y el de Podemos, Pablo Fernández.

Castilla y León cuenta con un Estatuto de Autonomía bueno en líneas generales pero bastante mejorable, han coincidido hoy en diagnosticar los portavoces parlamentarios del PP, PSOE, Podemos, C’s y Grupo Mixto, como un adecuado punto de partida para emprender la cuarta reforma en sus 33 años de historia.

El escenario de incertidumbre que ofrece el Gobierno de la Nación, en funciones mientras se demora un pacto de gobernabilidad, unido a la presentida reforma de la Constitución, condicionan en parte la reforma del Estatuto de Castilla y León, donde el “suelo social” ha sido el reto más nombrado por los portavoces durante un debate organizado por las Cortes de Castilla y León.

“Hay que centrar todos los esfuerzos en lo que nos une porque sólo desde el consenso tiene sentido una reforma de estas características” que requiere la aprobación de los dos tercios del Parlamento autonómico, es decir al menos 56 de los 84 procuradores, ha manifestado Carlos Fernández Carriedo (PP).

Entre los retos que desde superar esa modificación, a juicio del Grupo Popular, figura “su encaje en un posible escenario de reforma constitucional”, con los desafíos del suelo o gasto social, la redefinición del papel de los municipios en la construcción territorial, y medidas encaminadas a la regeneración democrática.

Luis Tudanca (PSOE) ha discrepado sobre el concepto del consenso, que en su opinión sí es un instrumento de construcción “pero no un fin en sí mismo” para afrontar una reforma que, ni en el caso de la Constitución ni en el del Estatuto de Autonomía, deben ser textos “pétreos”, inamovibles, “como un jarrón chino al que se contempla dentro de una urna de cristal”, ha comparado.

El portavoz socialista ha desgranado, entre las materias pendientes, la introducción de mecanismos normativos que garanticen el cumplimiento de todo aquello que sea reconocido dentro del texto estatutario, lo cual exige “afinar muy bien” si se quiere “ganar en credibilidad” delante de la ciudadanía.

Entre las cosas que “hay que hacer”, Tudanca ha mencionado el desarrollo legislativo o reglamentario de derechos sociales como la segunda opinión médica, la atención integral a los menores en riesgo de exclusión social, la articulación de mecanismos que garanticen la solidaridad territorial y el gasto social.

Para Pablo Fernández (Podemos), un buen Estatuto de Autonomía consiste no sólo en añadir lo que le falta, sino en el desarrollo legislativo de lo que ya tiene, como el artículo 95, relativo a las consultas populares, uno de los que más posibilidades ofrece de “democracia directa y participativa”, ha observado.

“En los ejes fundamentales de la reforma estaremos todos de acuerdo, luego veremos en el cómo”, ha advertido el líder autonómico de Podemos no sin antes insistir en la necesidad de “abrir el Parlamento a la ciudadanía, acercar los representantes a los representados”.

David Castaño, en representación de C’s, ha centrado su intervención en una reforma de la ley electoral para lograr la circunscripción única, 85 procuradores en vez de los 84 actuales, la limitación de mandatos, y la eliminación de aforamientos entre los procuradores, “privilegio de otros tiempos y paraguas contra la corrupción”.

Castaño se ha mostrado partidario de la supresión del Consejo Consultivo de Castilla y León, así como de la despolitización de otros organismos similares como el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo de Cuentas.

El último interviniente ha sido José Sarrión (IU), uno de los dos portavoces del Grupo Mixto (IU), quien al igual que Podemos ha puesto el acento en la dificultad que supone consignar derechos sociales como el del acceso a la vivienda que luego no se pueden cumplir, con el riesgo de “deslegitimización democrática que conlleva”.

Otro de los condicionantes, con la mira puesta en la Administración General del Estado, supone “no tanto fijar una cuantía destinada a gasto social, sino defender este derecho cuando tenemos un techo de gasto que deciden criterios macroeconómicos que nada tienen que ver con la capacidad ejecutiva”.

“¿Seremos capaces de mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León a través de la reforma de nuestro estatuto?”, se ha preguntado José Sarrión durante este debate, moderado por el periodista José Luis Martín (diario ABC), que ha clausurado en Valladolid, en la sede de las Cortes regionales, una jornada de análisis sobre la próxima modificación estatutaria.

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