Los pueblos afectados presentan alegaciones contra el nuevo vertedero

Temen, con los datos oficiales facilitados, que Gersul perpetúe el escasísimo reciclaje actual o los vertidos de lixiviados

El Órbigo se revela, también administrativamente, contra el planteamiento del nuevo vertedero en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) provincial de San Román de la Vega, con la construcción de un segundo vaso de vertidos para ampliar otros 13 años por parte del consorcio Gersul y la Junta de Castilla y León.

Una vez finalizado ayer el plazo de información pública del proyecto y la Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, han sido muchos los municipios y juntas vecinales que han argumentado con dureza y con datos en la mano contra la pretensión de duplicar el tiempo de vertidos en una planta provincial de caótica gestión, después de que el vaso actual, construido para 20 años, esté colapsado casi en la mitad de tiempo.

Los datos oficiales del nuevo proyecto demuestran que al actual vaso de rechazo no le queda vida útil, ya que supera en 318.000 toneladas la capacidad permita por la autorización ambiental. Pero también esos datos desvelan errores de bulto en sus parámetros más sensibles, tanto en la capacidad total del nuevo vaso (2,1 millones de toneladas) como de vertido actual.

Esas cifras indican se incumple la Autorización Ambiental actual, que habla de 60.000 toneladas/año para un tratamiento digno, cantidad que se ha superado con mucho, pero lo peor es que ahora plantean un vertido de 150.000 toneladas/ año. Ello implicaría la práctica ausencia de selección y tratamiento de la basura, que las alegaciones consideran “una grave estafa a ls ciudadanos de toda la provincia de León, que pagan por un tratamiento de la basura que apenas se produce”.

Con esa capacidad de 2,1 millones de nuevas toneladas, los pueblos temen que Gersul prtenda “crear una infraestructura extraordinariamente sobredimensionada para generar un lucrativo negocio recibiendo basura de fuera de la provincia de León”.

Las alegaciones también advierten del riesgo de inestabilidad y colapso en la masa de residuos prevista, tanto por su colocación como por su volumen y los desmontes y taludes previstos. Y censuran que en una infraestructura tan sensible exista una “carencia absoluta de estudios geotécnicos que den garantías plenas del terreno”, algo que consideran “insólito y gravísimo”.

Por último, la única gestión de lixiviados contaminantes propuesta es la misma que hasta ahora ha generado peligrosos vertidos directos a los cauces y terrenos en una amplia área de afección, como algunos pueblos y la Plataforma han demostrado con abundancia gráfica.

Y es que aún duplicando la capacidad de vertido, se prevé que los lixiviados se gestionen con las mismas balsas y la misma depuradora actuals, sin infraestructura ueva para garantizar la seguridad medioambiental y de salud pública.

Han presentado alegaciones por un lado los municipios de Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Turcia y Villamejil, así como la Mancomunidad del Órbigo. Y además, a título individual también las juntas vecinales de las localidades de Estébanez de la Calzada, Santibáñez de Valdeiglesias, Valdeiglesias, Villares de Órbigo, San Feliz de Órbigo, Quintanilla del Valle, Vega de Antoñán y Antoñán del Valle.

Otra alegación vital, muy grave, recuerda que el CTR carece de Declaración de Interés Regional, que no está en vigor por haber sido anulada en 2011 por sentencia del Tribunal Supremo, lo que supone una “ausencia de cobertura legal” de toda la instalación existente y la nueva.

Y también censuran una documentación incompleta, porque falta el informe urbanístico del Ayuntamiento de San Justo de la Vega, que es quien ostenta las competencias en esta materia.

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