El juicio contra el acusado de abusar de 16 niños, visto para sentencia

La Fiscalía ha mantenido hoy la petición de 234 años de cárcel para R.P.F. durante la tercera y última sesión de la vista oral del juicio

Juicio en la Audiencia Provincial de León contra R.P.F, de 44 años, acusado de abusar sexualmente de 16 menores y para el que se piden 234 años de cárcel. EFE/J. Casares

La Fiscalía ha mantenido hoy la petición de 234 años de cárcel para R.P.F., de 44 años, acusado de corrupción de menores y abusos sexuales a 16 niños en campamentos celebrados en 2010 y 2011 en la localidad leonesa de Carucedo, por la “contundencia de los hechos y el grave peligro de reincidencia”.

Así lo ha defendido el Ministerio Fiscal en la exposición de sus conclusiones finales durante la tercera y última sesión de la vista oral del juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León.

El fiscal mantiene las máximas penas y descarta las atenuantes propuestas por la defensa del acusado, con 114 años por 16 delitos de corrupción de menores; 72 años por 16 delitos de abusos sexuales, cuatro de ellos continuados, y 2 por revelación de secretos, en éste caso por la cámara que instaló en los vestuarios de una piscina donde era monitor de natación y de la que se incautaron discos con 19.000 horas de grabación.

En el juicio, el acusado ha dicho que se sentía “avergonzado” y “ha pedido mil perdones a los padres de las familias y a los niños que confiaron” en él, a los que, según ha sostenido, “nunca” pretendió “hacer ningún daño”.

También ha afirmado en su alegato final, sentirse “muy dolido” por toda esta situación y ha vuelto a pedir perdón incluso a la Asociación Juvenil San Cristóbal, organizadora de los campamentos que él dirigía.

En sus conclusiones finales, el fiscal ha recalcado que los hechos imputados han sido reconocidos por el acusado tanto en declaración policial como en el juicio.

Además, según la fiscalía, la identificación de los menores y del propio acusado ha quedado expresamente demostrada por la policía, monitoras de los campamentos y su propia exmujer en los vídeos incautados al acusado, que ha calificado de “repulsivos”.

El ministerio fiscal también ha resaltado que peritos y médicos forenses han dejado claro que la pedofilia primaria diagnosticada al acusado es imputable y que “no existe ningún trastorno que limite su voluntad y capacidad cognitiva”, y ha recordado el aviso realizado por los forenses de “grave riesgo de reincidir en estos delitos”.

Por último, ha descartando los atenuantes de colaboración con la justicia y de estar bajo los efectos de un medicamento y ha imputado al acusado los agravantes de actos pornográficos al tener todas las víctimas entre 7 y 11 años, así como de abuso de confianza al ser el responsable directo del bienestar de los menores.

Por su parte, la única acusación particular, en representación de uno de los menores afectados, ha pedido en su caso una pena de 19 años de prisión, en cuanto que sólo afecta al delito contra este menor, que sufrió cuatro abusos en uno de los campamentos y otro más en un año más tarde.

La abogada de la acusación, Bárbara Royo, ha observado la posibilidad de que los niños hubieran sido drogados ya que durante los abusos, siempre por la noche, ninguno se “despertó ni pudo pedir auxilio”, según se recoge en los vídeos grabados por el acusado.

Royo ha recalcado la gravedad de los hechos por cómo se han cometido, con víctimas menores de 13 años “indefensas y sometidas a abusos repugnantes”, por lo que ha pedido la máxima pena.

En la misma línea del fiscal, ha rechazado todos los atenuantes presentados por la defensa como “ese medicamento mágico que modifica la orientación sexual de una persona y la convierte en pedófila”.

Por último, el abogado defensor, Ángel Francisco Llamas, en un extenso informe final ha pedido la absolución de su defendido de los delitos de corrupción de menores.

Llamas ha considerado que este delito “no se produce al no ser conscientes los menores de unos hechos que se realizaron mientras estaban dormidos”.

Por el mismo criterio, ha solicitado que se rechace como pornográfico el material incautado y grabado por el acusado ya que a los menores no se les obligaba a realizar ningún acto sexual o pornográfico y el material no ha sido distribuido por internet.

También ha pedido la proporcionalidad de los delitos reduciéndolos a dos delitos de abusos sexuales y no a 16, al establecer que sólo es imputable un solo delito en cada uno de los campamentos celebrados en la localidad de Carucedo y no la suma de los mismos por el número de niños abusados.

Asimismo, ha insistido en que se apliquen las tres atenuantes solicitadas de confesión, colaboración con la justicia y actuar bajo los efectos de un medicamento “cuyos efectos secundarios no están del todo estudiados”.

El abogado ha considerado que tras los cerca de cuatro años de prisión, el acusado “ya tendría que salir de la cárcel o no tener una pena mucho mayor”.

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