El PSOE impulsa una PNL para garantizar una educación inclusiva

La procuradora leonesa María José Díaz-Caneja defiende que el alumnado con discapacidad sea “uno más, con sus apoyos y sus oportunidades de aprendizaje”

María José Díaz-Caneja, procuradora leonesa en las Cortes de Castilla y León

La procuradora socialista por León, María José Díaz-Caneja, ha defendido este lunes en la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley (PNL) para instar a la Junta a que garantice una educación inclusiva de calidad para todos los niños y niñas que reciben la enseñanza obligatoria. La propuesta fue aprobada al contar con el respaldo de todos los grupos, salvo el de IU, que se abstuvo.

Díaz-Caneja denunció en su intervención que en Castilla y León se está vulnerando el derecho a una educación inclusiva recogido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). La parlamentaria autonómica leonesa argumentó que el Procurador del Común, Javier Amoedo, también ha reconocido que la escuela inclusiva «es una asignatura pendiente» en la comunidad, “donde ha tramitado quejas con informes favorables que la Junta no ha tenido en cuenta”.

María José Díaz-Caneja recordó que la educación inclusiva “supone un sistema flexible que parte de la idea de que el alumnado es diverso, de que todo el alumnado puede aprender, de que existen distintas capacidades, grupos étnicos, estaturas, edades, orígenes, géneros y que el sistema debe cambiar para adaptarse a cada niño y a cada niña; el alumnado que tiene discapacidad debe ser uno más, con sus apoyos y sus oportunidades de aprendizaje”.

La procuradora socialista señaló que es preciso no construir más centros de educación especial sino utilizar esos recursos para crear plazas y dar apoyo adicional a niños con discapacidad en escuelas ordinarias. “Hay que trasformar los centros especiales existentes en centros de recursos, formando a los educadores especiales para que orienten su intervención hacia la finalidad de servir de recursos adicionales a los maestros y profesores de los centros ordinarios y transferir paulatinamente a los alumnos de los centros de educación especial a centros ordinarios con apoyo de su personal especializado”, precisó.

A ese respecto, recordó que, en el año 1994, Salamanca acogió la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales organizada por la Unesco, en la que participaron representantes de 92 gobiernos, y en cuyo informe final se pidió que no se construyeran más centros de educación especial y que se utilizaran los ya existentes como escuelas de formación de profesorado para integrar a esos alumnos en los centros ordinarios. “Ese documento es una referencia mundial en el asunto, pero han hecho caso omiso”, añadió.

Díaz-Caneja también puso en evidencia que muchos niños  y niñas con discapacidad intelectual no pueden ir en Castilla y León al mismo colegio que sus hermanos, “porque el derecho de libre elección de los padres no está garantizado por las normas que regulan la admisión del alumnado”, de modo que es la administración la que decide si un alumno con discapacidad va a la escuela ordinaria o a la escuela especial y a qué centro. “Si los padres no están de acuerdo sólo les queda ir al juez”, expuso la procuradora del PSOE, que sacó a relucir el caso de los padres de un niño leonés con síndrome de Down que llevan más de cuatro años “batallando en los juzgados” para conseguir que su hijo pueda optar a una plaza en un centro ordinario y que, pese a una sentencia favorable de mayo del 2015, sigue sin escolarizar. Calificó a este respecto de “lamentable” la actuación de la Consejería de Educación.

María José Díaz-Caneja también reseñó que es preciso llevar a cabo acciones como revisar el número máximo de alumnos por clase, adaptar el contenido del currículo, asegurar que tanto los edificios educativos como los materiales sean accesibles para los niños con discapacidad o  testar que los métodos de examen garanticen la participación de cualquier estudiante.

“El derecho a la educación inclusiva de calidad se ha de poder ejercer durante toda la vida de la persona, y los poderes públicos están obligados a poner todos los medios personales y materiales para educar a todas las personas en centros ordinarios, al menos hasta la finalización de la enseñanza obligatoria”, resumió Díaz-Caneja.

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