Gago ve rebajada pena por participar en el crimen de forma no esencial

El fiscal ha rebajado la petición de pena a quince años por los mismos delitos que las otras dos acusadas

En la imagen, la policía es consolada por su abogado Fermin Guerrero (i), hoy tras la lectura del veredicto por parte del jurado. EFE/J. Casares ***POOL***

El fiscal y las acusaciones particulares en el juicio por el crimen de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco han pedido siete años menos de prisión para Raquel Gago que para las otras dos acusadas por el delito de asesinato al considerar probada su participación aunque de forma “no esencial”.

El jurado popular de este juicio ha declarado hoy culpables de asesinato en concurso ideal con un delito de atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas a Montserrat González, a su hija, Triana Martínez, y a la policía local Raquel Gago.

Tras la lectura del veredicto de culpabilidad, el fiscal del caso, Emilio Fernández, ha reclamado 22 años de cárcel para Montserrat González y para su hija; 19 por el asesinato en concurso ideal con un delito de atentado a la autoridad y 3 por tenencia ilícita de armas, una petición a la que se han unido las acusaciones particulares.

En el caso de Raquel Gago, el fiscal ha rebajado la petición de pena a quince años por los mismos delitos, doce por el de asesinato en concurso con el de atentado y tres por la tenencia ilícita de armas.

Esta diferencia de siete años en la petición de pena de prisión para Raquel Gago se basa en que se han tenido en cuenta una serie de atenuantes que también ha apreciado el jurado en su veredicto, como el grado o la forma de participación en el asesinato.

El presidente del tribunal, Carlos Álvarez, entregó el pasado miércoles al jurado antes de iniciar sus deliberaciones un cuestionario de 84 preguntas en cuyas respuestas se ha basado el veredicto.

Por mayoría de siete votos de un total de nueve, los miembros del jurado han considerado probado que Raquel Gago “conoció los propósitos homicidas de las otras dos acusadas y aceptó formar parte del plan urdido por estas para matar a Isabel Carrasco” y también que “supo y aceptó que Montserrat se acercaría a la víctima para matarla”.

También han considerado probado que “en cumplimiento de un plan previo y conjunto”, Raquel Gago, “apenas una hora antes de que se ejecutase la muerte de la víctima, se reunió con las otras dos acusadas para concretar los detalles finales de dicho plan”.

El jurado también cree probado que Raquel Gago estacionó su vehículo en el lugar acordado y se mantuvo a la espera de que Triana le entregase el bolso donde estaba el revolver “con el fin de ocultarlo”.

A pesar de considerar probado que Gago sabía del plan y participó en él desde el principio, el jurado ha tenido en cuenta el atenuante de que Gago “contribuyó a la muerte de Isabel Carrasco pero lo hizo con una aportación no esencial o decisiva, es decir, de forma prescindible e innecesaria para la ejecución de dicha muerte”, en el que se basa el fiscal para rebajarle la petición de pena.

Además, el jurado no ha considerado probado que Raquel Gago realizase seguimientos a la víctima en los días anteriores a su muerte, lo que también se considera atenuante.

Del mismo modo, ha influido en la rebaja de petición de pena el hecho de que Gago entregara el arma en la comisaría de León treinta horas después del asesinato.

El jurado también ha considerado probado que Raquel Gago llamó a un agente de la Policía Nacional amigo suyo y simuló que acababa de encontrar casualmente el arma en su vehículo “para alejar de sí toda sospecha”, lo que contraria el principal argumento que utilizó su defensa durante todo el juicio de que encontrar el arma le había producido una situación de estrés y un bloqueo que le impedía asumir lo ocurrido.

Esta policía entregó en la Comisaría de León el arma homicida treinta horas después del crimen y explicó que la había encontrado en su coche sin saber cómo había llegado hasta allí, aunque sospechaba que la había dejado allí su amiga Triana Martínez, con quien coincidió “casualmente” minutos después del asesinato.

Inicialmente quedó en libertad, pero el 16 de mayo de 2014 la titular del juzgado número 4 de León, Sonia González, que instruyó el caso, decretó su ingreso en prisión tras tomarle declaración.

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