Las declaraciones del ‘Caso Samaniego’, aplazadas por indisposición de la fiscal

Estaban citados a declarar sobre este asunto el exjefe de Mantenimiento, su hijo Luis Javier Samaniego, un primo del primero, Antonio Samaniego, y un socio de los mismos, Miguel Ángel Rodríguez, además del interventor municipal, Rafael Salgado

La Audiencia de Valladolid.

La indisposición de la fiscal jefe, Esther Pérez, ha motivado el aplazamiento de las declaraciones de investigados y del interventor municipal de Valladolid, Rafael Salgado, en el marco del ‘Caso Samaniego, causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 4.

Las testificales tenían previsto celebrarse este jueves, 14 de julio, después de que se incorporaran a la causa dos contratos de arrendamiento de dos naves a empresas de la familia del exjefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, Luis Alberto Samaniego.

Aunque la decisión de la incorporación de estos alquileres fue rechazada inicialmente por el Juzgado, la Audiencia de Valladolid estimó el recurso del Consistorio, por lo que finalmente se investigarán los arrendamientos.

A raíz de esta decisión, estaban citados a declarar sobre este asunto el exjefe de Mantenimiento, su hijo Luis Javier Samaniego, un primo del primero, Antonio Samaniego, y un socio de los mismos, Miguel Ángel Rodríguez, además del interventor municipal, Rafael Salgado.

Sin embargo, la indisposición de la fiscal jefe de Valladolid, Esther Pérez, ha provocado el aplazamiento de estas declaraciones sin que se haya fijado fecha para las mismas, de manera que con toda probabilidad no se producirán antes de septiembre, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Los contratos ahora incorporados a la causa son los de dos naves que se alquilaron a empresas de la familia del exjefe de Mantenimiento durante seis años y que, según apuntó en su momento el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, tenían “todas las características” de los contratos que se investigan desde junio de 2014.

El primer edil fue el que anunció que el Ayuntamiento, personado en las diligencias como acusación particular, daría traslado al instructor de los referidos contratos para que se investigaran conjuntamente con el resto de adjudicaciones.

El pasado mes de enero Puente explicó que los dos contratos por los cuales el Consistorio pagó casi 300.000 euros entre los años 2002 y 2007 corresponden a un área municipal –Administración y Recursos– con la que Samaniego no tenía relación directa, como sucedía con los contratos que se investigaban hasta ahora, que correspondían al servicio de Mantenimiento que el investigado dirigió hasta solicitar la jubilación en 2014.

Puente recordó que en 2014 ya denunció la existencia de una presunta trama de corrupción montada en torno a la familia del exfuncionario municipal por un importe superior a los 11 millones de euros, y que ahora había detectado el pago de otros 300.000 euros por parte del Ayuntamiento a empresas de la familia Samaniego en concepto de alquiler al Servicio de Limpieza municipal de dos naves industriales, las 4 y 6 del número 11 de la calle Topacio, entre los años 2002 y 2007.

Así, la documentación dada a conocer por el alcalde pretendía sumarse a las adjudicaciones ya denunciadas en 2014 y que se corresponden con más de 1.300 facturas emitidas por empresas de la trama al Ayuntamiento durante 14 años por parte de todas las áreas municipales.

La principal novedad, según destacó entonces el regidor, es que en la adjudicación de los alquileres de las naves no participaba directamente el propio Luis Alberto Samaniego, sino que sería el entonces jefe del Servicio de Limpieza quien proponía las empresas que participaban en los concursos. De este modo, advirtió de que la trama “no dependía únicamente de las decisiones tomadas por exjefe de mantenimiento”.

Al mismo tiempo, Puente puso los focos sobre el actual portavoz del Grupo Municipal Popular y concejal de Administración y Recursos entre 2003 y 2007, Jesús Enríquez, pues entendía que tuvo un “papel decisivo” al resolver las prórrogas de los contratos de alquiler de ambas naves cuando, además, una de las cuáles contaba con un informe desfavorable emitido por la Intervención Municipal poco después de la firma del contrato inicial.

Óscar Puente llamó a atención sobre el hecho de que Enríquez es desde el comienzo del presente mandato y por delegación del alcalde presidente de la Comisión de Control y Seguimiento de las Contrataciones, por lo que consideró que su cargo está “cuestionado” y añadió que valoraría la posibilidad de cesarle. “No puso en este asunto el mismo celo que parece poner ahora en lo relativo al contrato de apertura de los comedores escolares en verano”, aseveró el alcalde.

Los ingresos de los Samaniego

El Grupo Socialista dio con estos contratos a raíz de la declaración de Luis Alberto Samaniego ante el juez, cuando señaló que los ingresos en las cuentas familiares procedían de su sueldo como jefe de Mantenimiento y alquileres de inmuebles de su propiedad. “Lo que ahora sabemos es que el cobro de esos arrendamientos también fue a costa de las arcas públicas”, apostilló.

Los contratos corresponden a dos naves situadas en la calle Topacio, números 4 y 6, que en su momento se necesitaron para guardar y reparar vehículos del Servicio de Limpieza. En ambos casos, según Puente, la metodología de la adjudicación seguía la del caso Samaniego, pues se convocó por procedimiento de urgencia cuando considera que “las necesidades de dar cabida a los vehículos se pusieron de manifiesto mucho antes”.

El alquiler de la nave 4 comenzó en 2002 y al proceso de contratación se invitó a cuatro empresas, de las cuales solo tres, todas ellas de la familia Samaniego, presentaron sus ofertas en plazo. El contrato se adjudicó a Transportes Vallisoletanos S.A, cuyo representante legal, Jesús Samaniego Lobón, estampó su firma en el contrato junto a la del exalcalde Francisco Javier León de la Riva.

Prórrogas cada año

La prórroga del contrato se aprobó sucesivamente cada año, entre 2003 y 2006, y se produjeron dos cambios de titularidad. El primero en 2005, a favor de la esposa de Jesús Samaniego, y el segundo un año más tarde, a favor de Samaniego Alquileres S.L. En total, el Ayuntamiento abonó 130.000 euros por la nave.

El contrato de arrendamiento de la nave 6 se sitúa un año antes, en julio de 2001, cuando el exalcalde inició el expediente de contratación en régimen de alquiler de una nave para guardar y reparar los vehículos del Servicio Municipal de Limpieza. A la terna de tres empresas a las que en su informe propone invitar el jefe del Servicio de Limpieza, ninguna de Samaniego, se añadió finalmente una cuarta en bolígrafo –San Cristóbal de Arrendamientos S.L.–.

Finalmente, esta última empresa, representada por Jesús Samaniego Lobón, fue la adjudicataria final.

En 2004, el Ayuntamiento reconoció el cambio de titularidad a la Comunidad de Bienes Samaniego Patrimonial, administrada por Antonio Samaniego Fernández, primo del exjefe de mantenimiento municipal y “pieza clave de la trama”, según el alcalde. En total, se pagaron otros 168.000 euros.

Ambos contratos se cancelaron cuando entraron en funcionamiento las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el polígono de San Cristóbal en el año 2007.

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