Del Olmo ve “más que asumible” el canon del HUBU

Del Olmo cifra la anualidad media del "canon teórico" de la concesión en 56,6 millones

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha defendido este lunes el modelo concesional utilizado por la Junta de Castilla y León para sacar adelante el Hospital de Burgos (HUBU) ya que “no había otra manera de hacerlo”, a lo que ha sumado la necesidad de priorizar el criterio de rentabilidad social y ha calificado de “más que asumible” el canon que supondrá la fórmula PPP (participación público-privada) para las arcas regionales, con un pico de 91 millones en 2015 que se rebajará paulatinamente hasta alcanzar los 54 millones a partir de 2026 y hasta el término de la concesión una década después.

Estas son las principales cifras que ha puesto sobre la mesa la consejera de Economía y Hacienda en su comparecencia este lunes en la Comisión de Investigación sobre el Hospital de Burgos en la que ha cifrado la anualidad media del “canon teórico” de la concesión en 56,6 millones (67,5 millones con IVA), un porcentaje “muy bajo”, a su juicio, en relación con el presupuesto no financiero de la Comunidad y que ha situado en una media del 0,8 por ciento, con un 1,0 por ciento “en el peor de los casos” –el 2 por ciento del presupuesto total de Sacyl– por lo que ha negado que ponga en riesgo el presupuesto de Castilla y León.

Según ha reconocido, el mayor canon se pagó en 2015 y alcanzó los 91 millones, una cifra que ha bajado a los 79 millones en 2016, 2017 y 2018 mientras que para los cuatro siguientes ejercicios ha apuntado a cánones de entre 80 y 82 millones de euros, que pasarán a 68 millones de euros en 2023 que se mantendrán hasta los 54 millones que se pagarán a partir de 2026 -un 40 por ciento menos sobre 2015–. “No tengo la bola de cristal pero va a ser un porcentaje muy pequeño de los presupuestos de 2026”, ha augurado para unos “presupuestos normales” en esa futura fecha y ha explicado que los reequilibrios hacen que la cifra sea más abultada en los primeros años.

Del Olmo ha insistido en el “bajo coste” que supondrá esta fórmula para poder pagar “en muchos años” ese gasto “más que asumible” para la Comunidad que evitó, además, llevar a cabo un desembolso inicial vía presupuestos por parte de la Junta que en los años 2005, 2006 y 2007 no se podía endeudar porque tenía que cerrar sus cuentas con equilibrio.

“Se vio como una fórmula alternativa que permitía seguir haciendo las otras inversiones que eran importantes para dotar de muchas infraestructuras a Sacyl”, ha asegurado la consejera, quien se ha ratificado en que la fórmula concesional del HUBU ha sido una “buena inversión” ya que ha permitido contar con el mayor hospital “público” de la Comunidad en un plazo de cinco años y medio que, de haberse llevado a cabo vía presupuestaria y en un “cálculo muy burdo”, ha admitido, habría necesitado 14 años y la calidad de las prestaciones sanitarias sería menor.

Rechaza sobrecostes

Del Olmo ha rechazado hablar de sobrecostes para referirse a una “mayor inversión” sobre lo previsto y ha aclarado que “sólo” las dos subidas de IVA han supuesto 50 millones de euros a mayores mientras que las actualizaciones del IPC han sumado 114 millones de euros, si bien ha recordado que ahora hay deflación por lo que también “restará” a la factura de la Junta.

Por otro lado, la consejera, que era presidenta de la sociedad Cylsopa (Castilla y León Sociedad Patrimonial) cuando intermedió con el Banco Europeo de Inversiones para la concesión de un “préstamo finalista” por 100 millones de euros “íntegramente” para pagar el equipamiento del HUBU, ha asegurado que esta operación se realizó con “idénticas garantías” que en otros casos y “sin ventaja alguna” a lo que ha añadido que la concesionaria ha atendido el cien por cien de los importes vencidos a un interés del 7 por ciento, las condiciones del mercado en esa fecha.

Del Olmo ha aclarado desde el inicio que la viabilidad de la concesión de la contratación corresponde a la Gerencia Regional de Salud y ha situado la intervención de su Consejería a petición del exconsejero de Sanidad César Antón ante las dudas de la mesa de contratación en un asunto que era “muy complejo” y que encargó a sus directores generales que, según ha augurado, darán “cumplidas cuentas” de la información que llevaron a la mesa en sus comparecencias en la Comisión de Investigación.

Finalmente, ha rechazado que las modificaciones o reequilibrios en este proyecto hayan sido una excepción ya que “por suerte o por desgracia” se producen en la mayoría de los casos y ha aclarado que, aunque puedan parecer cifras “muy abultadas”, afectan a todo el periodo de la concesión en el que prevalece la “cláusula de progreso” a la que ha apelado en diversas ocasiones y que obliga a la concesionaria a renovar la tecnología por “la mejor” que haya en el mercado, por ejemplo.

En este punto, ha situado la tasa de rendimiento interno (TIR) establecida en el 7,11 por ciento como “la segunda más baja de España” para este tipo de proyectos -según ha asegurado la del Hospital Valdecilla alcanza el 12 por ciento– y ha rechazado que suponga una rentabilidad para los accionistas que, según ha informado, han planteado ya “bastantes contenciosos” que ha ganado hasta la fecha Sacyl. Según sus datos, en el pago a la concesionaria influyen hasta 700 variables –755 según ha especificado la concesionaria a Europa Press– incluidas en una “macrofórmula polinómica” que “no garantiza en absoluto” la rentabilidad del accionista.

Por su parte, la portavoz del PSOE en esta Comisión, Mercedes Martín, ha acusado a Del Olmo de haber dado “visos de normalidad” y de haber considerado “pecata minuta” las cuatro modificaciones que se realizaron en un contrato que ha pasado de 1.010 a 1.667 millones en una actuación “absolutamente sospechosa y anómala” que supondrá una “lacra increíble” para las arcas regionales.

“¿Qué van a suponer?, alguien lo habrá calculado”, ha insistido la socialista quien, tras lamentar que la concesionaria tuviese que recurrir a un préstamo del BEI cuando era “de dominio público” que no era solvente, ha evidenciado una trampa en la adjudicación del contrato “sí o sí” a esos accionistas para “a base de coartadas” multiplicar un contrato que la mesa calificó de “temerario”. “Va usted a recuperar y a revertir una concesión claramente ruinosa y lesiva”, ha preguntado Martín a la consejera a la que ha acusado de haber acudido a la Comisión con el argumentario de sus antecesores es una “firme voluntad de no aclarar nada”.

En similar sentido se ha pronunciado el portavoz de IU, José Sarrión, quien se ha ratificado en su acusación a la Junta por haber “regalado” dinero público a una empresa que incumplió los plazos de entrega de la obra y a la que se evitó una sanción a base de un modificado para una ampliación que, en su opinión, estaba prevista desde el principio.

Sarrión ha cargado de nuevo contra un “modelo injusto”, ha ironizado sobre que en otro de los modificados se añadiese el carácter universitario del HUBU y ha advertido del impacto a largo plazo de haber dejado en manos de la concesionaria servicios no sanitarios como la alimentación o la limpieza donde hay un monopolio por parte de la adjudicataria por una “gestión irresponsable” de la Junta, si bien ha reconocido que la ley lo permite. “No es verdad, no se va a pagar lo que no está escrito”, ha aclarado Del Olmo.

Por parte de Ciudadanos, Manuel Mitadiel ha preguntado a Del Olmo si se ha puesto colorada en algún momento ante una inversión superior en un 50 por ciento en términos reales para insistir en el contrasentido de financiar a la empresa elegida para financiar el HUBU y en cuyo accionariado había entidades financieras y para reiterar su principal duda respecto a de quién surgió la idea concesión mientras que Laura Domínguez, de Podemos, ha rechazado las supuestas ventajas del modelo para defender que hubiera sido preferible esperar más tiempo para contar con un nuevo hospital “con todas las garantías”.

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