Los empleados públicos que denuncien la corrupción, más protegidos

La Junta presenta el Anteproyecto de Ley que regula esta protección a los empleados públicos que denuncien delitos contra la Administración

Valdeón y De Santiago Juárez tras el consejo de Gobierno.

Que no haya miedo para denunciar a los corruptos, para destapar casos de fraude, apropiación o malversación. Ese debe ser el gran objetivo del proyecto de Ley que está tramitando la Junta y del que hoy se ha presentado el Anteproyecto. Tras el Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha acompañado a la portavoz, Rosa Valdeón, y ha expuesto el contenido principal de esta iniciativa.

El Anteproyecto de Ley, que se estructura en tres artículos, dos disposiciones adicionales y tres finales, contempla aspectos como la tramitación de las informaciones recibidas, las garantías de protección laboral a los informantes y la modificación de la Ley 7/2005, de 24 de mayo de la Función Pública para incluir las nuevas reglamentaciones. Toda esta nueva legislación afectará no solo a los funcionarios, sino también al personal estatutario y laboral. Una vez finalizado el proceso interno de tramitación, este anteproyecto de ley será expuesto en el Portal de Gobierno Abierto para que los ciudadanos puedan aportar sus opiniones.

Tramitación de la información

Las informaciones recibidas se remitirán a la Inspección General de Servicios que procederá a la apertura de una ‘Información reservada’ que tendrá carácter prioritario. En todo el proceso se omitirán los datos relativos a la identidad del informante y todo aquello que pudiera conducir a su identificación. Este órgano dispondrá de un plazo de dos meses -o seis meses como máximo si la complejidad del caso lo requiere- para investigar los datos.

En el caso que se detectaran indicios de la existencia de un posible delito, se comunicarán los datos al Ministerio Fiscal y se informará al empleado que haya proporcionado la información. Si lo que se detecta es una infracción administrativa, la información reservada finalizará con la emisión de un informe que contendrá la propuesta de apertura de expediente sancionador y se remitirá al órgano competente para su incoación. En estos casos, así como en aquellos en los que tras las actuaciones reservadas no se hayan apreciado indicios de responsabilidad de ningún tipo, el informe que se emita concluyendo la información reservada se enviará al Procurador del Común como Comisionado de Transparencia para su conocimiento y se comunicará al empleado que haya informado.

Garantías para los empleados públicos

El anteproyecto de ley que se ha dado a conocer hoy incluye como una de las principales medidas que no podrá realizarse ninguna actuación que pudiera perjudicar a la situación laboral de las personas que haya comunicado esa posible incidencia. Esta protección será aplicable durante la sustanciación de las actuaciones y en el caso de que las informaciones se hayan remitido al Ministerio Fiscal, las anteriores garantías mantendrán su vigencia hasta que se dicte sentencia firme o se decrete el archivo definitivo. De forma excepcional, se podrá acordar el traslado del empleado cuando lo solicite y concurran circunstancias, debidamente apreciadas por la Inspección General de Servicios, que así lo justifiquen. El traslado es también una medida prevista para los casos acoso laboral en la Ley de Función Pública de Castilla y León.

Estas mismas garantías se aplicarán también a aquellos empleados públicos que hayan denunciado directamente ante la justicia la posible comisión de un delito.

El pasado mes de diciembre, las Cortes de Castilla y León instaron a la Junta a que desarrollara, en el plazo máximo de un año, una normativa legal de alcance autonómico e innovadora en España, que estableciera una protección jurídica a los empleados públicos que denuncien episodios de corrupción en la Administración de la Comunidad.

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