Camino despejado hacia las 35 horas semanales

Federico Martín, Juan Carlos Gutiérrez y José Mariano Prieto, representantes de CSI-F.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha hecho un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que los empleados públicos recuperen la jornada laboral de 35 horas semanales que se sustituyó en 2012 por la actual de 37,5 horas. Algo que desde el sindicato consideran totalmente “viable” y que demuestran gracias a un informe elaborado desde su gabinete jurídico que certifica que esta medida se ajustaría a la normativa vigente.

Un informe que desde el CSI-F han enviado tanto al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, como al consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y que en palabras de José Mariano Prieto, presidente del Sector de Administración General de Castilla y León, “muestra el camino para poder volver a las 35 horas semanales en los empleados públicos”.

Así, apunta a que servirá de una vez por todas para que la Junta de Castilla y León se pronuncie sobre un tema en el que “dan la callada por respuesta”, además para que “dejen de mirar a otro lado”.

Según ha afirmado Prieto, los empleados públicos de las administraciones locales, regionales y estatales que operan en Castilla y León “tienen que saber si la Junta quiere o no quiere retomar las 35 horas semanales”. El silencio de la administración regional, ha reconocido, “no se entiende”.

Una medida que ya se ha aplicad en Castilla-La Mancha y en el País Vasco desde el 1 de enero de este año. Comunidades donde la abogacía del Estado aún no ha presentado demanda para su derogación. Desde CSI-F, en comparación con estas Comunidades Autónomas, proclaman que “no queremos ser funcionarios de segunda categoría”.

Según Prieto, esta medida supondría contratar a 5.000 empleados públicos más de manera temporal, lo que rebajaría el paro en Castilla y León en un 3%. Al mismo tiempo que volver a las 35 horas semanales afectaría a más de 120.000 empleados públicos actuales. “Servirá para crear empleo y para recuperar los derechos perdidos”, ha afirmado el presidente del Sector de Administración General de Castilla y León de CSI-F.

Por ello, ha considerado que “no supondría un gasto sino una inversión” en la mejora de la calidad de los servicios públicos, y por ende una mejora de la calidad de vida del ciudadano castellano y leonés. Algo que ha corroborado Federico Martín, vicepresidente autonómico del Sector de la Enseñanza del CSI-F, quien ha reconocido que “no solo es recuperar los derechos de los trabajadores que antes tenían, también es una mejora de calidad que los ciudadanos se merecen”.

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